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La compleja situación legal que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en la capital de la República ha desencadenado una contundente respuesta política de su organización, la Revolución Ciudadana (RC). Este 11 de febrero de 2026, el movimiento emitió un comunicado oficial desde Quito titulado “Alerta Internacional: Ecuador en Dictadura”, en el que expresan su profunda preocupación y enérgico rechazo ante lo que describen como una “brutal persecución política”. Para la RC, las acciones judiciales emprendidas contra el burgomaestre no son hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática dirigida contra quienes hacen oposición al gobierno de turno.
Según el documento difundido por la organización, el objetivo central de esta arremetida es “silenciar voces críticas” e intimidar a líderes electos democráticamente como Aquiles Álvarez. El movimiento denuncia que estas maniobras buscan “desviar la atención del país de los verdaderos problemas que hoy lo golpean”. Esta postura política surge en un momento crítico, mientras la Fiscalía solicita prisión preventiva para el alcalde basándose en informes técnicos del SNAI que reportan 33 retiros del grillete electrónico, complicando severamente su panorama judicial.
Acusaciones de “narco-dictadura” y cortinas de humo
El comunicado de la Revolución Ciudadana eleva el tono de la confrontación política al acusar al gobierno de utilizar el caso de Aquiles Álvarez como una distracción. Aseguran que, mientras se persigue a la oposición, se intenta dejar en la impunidad los “verdaderos actos de corrupción de este gobierno”. La organización califica estas acciones como “perversas cortinas de humo” levantadas para ocultar una realidad mucho más grave que el país ha evidenciado recientemente: la “grave penetración del narcotráfico en el sistema de justicia” y el acelerado deterioro del Estado de derecho.
En una de sus declaraciones más fuertes, el movimiento político sentencia que lo vivido hoy pasará a la historia como el “día en que murió la democracia” en Ecuador. El texto oficial confirma la tesis del correísmo de que el país atraviesa una “narco-dictadura” que utiliza el aparato estatal para perseguir a la oposición política mientras protege intereses oscuros. Esta narrativa busca contrarrestar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía contra Aquiles Álvarez en el caso Goleada, enmarcándolos no como un proceso judicial legítimo, sino como un acto de autoritarismo puro.
Solidaridad partidista y resistencia ante el “abuso de poder”
Frente al adverso escenario judicial que podría derivar en la encarcelación de Aquiles Álvarez, su movimiento político ha ratificado una postura de resistencia. “No nos vencerán. Seguiremos luchando, aun cuando esta persecución intente destruir nuestra tranquilidad y la de nuestras familias”, enfatiza el comunicado. Aseguran que permanecerán del lado de la verdad, la justicia y la voluntad popular, desafiando la legitimidad de los procesos penales en curso.
Finalmente, la organización expresó su “total solidaridad” con el alcalde Aquiles Álvarez, su familia y el pueblo guayaquileño, a quienes consideran víctimas directas del “abuso de poder y del autoritarismo” vigente. Esta defensa cerrada se alinea con la postura de su máximo líder, Rafael Correa, quien ha denunciado internacionalmente el uso del sistema judicial como un arma política (lawfare) para neutralizar a adversarios clave, siendo el alcalde de Guayaquil el objetivo más reciente de esta supuesta maquinaria de persecución estatal.
