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El allanamiento realizado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional a las instalaciones de Segura EP generó reacciones políticas inmediatas. Un grupo de 12 concejales de Guayaquil firmó un documento público para manifestar su rechazo total a la reciente incursión de las fuerzas estatales. Los ediles consideran que este despliegue vulnera principios administrativos fundamentales sin haber obtenido resultados materiales o incautaciones de evidencias dentro del predio.
La Fiscalía General del Estado lideró la operación bajo la premisa de una presunta difusión de información reservada mediante un servidor externo desconocido. Por su parte el cabildo porteño mantiene su postura de defensa sobre la gestión técnica que realiza la empresa municipal de seguridad.
Suscriptores y argumentos del rechazo
Los funcionarios Arturo Escala, Blanca López y Terry Alvarez encabezan la lista de firmantes que ratificaron su apoyo al alcalde Aquiles Alvarez. En el texto detallan que la irrupción armada no encontró fundamentos jurídicos claros para justificar semejante despliegue de uniformados en el centro operativo. Los representantes ciudadanos Manuel Romero y Soledad Diab también suscribieron el comunicado que defiende la autonomía de la administración municipal frente al gobierno.
El documento asegura que la administración de la entidad no sufrió alteraciones técnicas pese a la toma de control ejecutada por el ministerio. La concejalía subraya que estas acciones carecen de sustento real al no existir elementos robados o documentos retenidos durante la jornada.
A la lista de firmantes se sumaron Shirley Aldas, Emily Vera, Fabián Espín, July Alvarez y los ediles Alfredo Bautista, Ana Fuentes y Juana Montero. Estos legisladores indicaron que los operativos interrumpen el flujo normal de las actividades de vigilancia que se ejecutan diariamente en la urbe. Además señalaron que el despliegue policial genera una percepción negativa sobre la estabilidad de los servicios de emergencia que recibe la ciudadanía guayaquileña.
Los concejales insistieron en que el municipio cumple con todos los protocolos de seguridad técnica y legal exigidos por las normativas nacionales. La resolución colectiva busca frenar lo que denominan una injerencia política directa en las funciones específicas del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil.
Respaldo a la línea de mando municipal
Los 12 ediles ratificaron su confianza en la gestión de la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel mientras dure la presente crisis de carácter institucional. Esta postura colegiada pretende demostrar unidad frente a los cuestionamientos realizados anteriormente por el Ministro del Interior sobre el tiempo de respuesta municipal. Los concejales sostienen que la seguridad de los datos captados por las cámaras de videovigilancia posee todas las garantías de blindaje informático necesarias.
La empresa proveedora de la tecnología también respaldó esta tesis al negar cualquier tipo de filtración de información hacia servidores externos no autorizados. El cuerpo de legisladores municipales advirtió que se mantendrán vigilantes ante cualquier nueva acción que atente contra la institucionalidad de la empresa pública.
Mientras tanto la Fiscalía continúa con las investigaciones para verificar si existió una difusión de imágenes de carácter reservado desde el centro de monitoreo. Los concejales recalcaron que la transparencia ha sido el eje de la administración de Segura EP desde su creación bajo el actual mando. Por este motivo consideran desproporcionado el uso de la fuerza pública para realizar una inspección que pudo ejecutarse mediante requerimientos de información ordinarios.
El conflicto administrativo escala a un nivel político que afecta la coordinación entre el Gobierno Nacional y el Municipio en temas de seguridad. La ciudad de Guayaquil espera que las tensiones no perjudiquen el servicio de vigilancia electrónica que opera en las zonas más conflictivas del puerto.
