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La renuncia de Mario Godoy, presentada este miércoles 18 de febrero de 2026, no altera el curso del juicio político en su contra ni borra, según el análisis, los señalamientos acumulados durante su gestión al frente del Consejo de la Judicatura. Para la analista Gabriela Guerrero, este episodio debe leerse más allá del hecho administrativo y entenderse como una señal de cómo el sistema judicial ha quedado expuesto a disputas de poder que trascienden la figura individual.
Desde esta perspectiva, la salida del funcionario no representa un punto de quiebre, sino la confirmación de un proceso que, a criterio de la analista, se prolongó de forma innecesaria. El juicio político, explica, debió activarse con mayor celeridad desde que se conocieron denuncias formales sobre presiones internas a jueces, particularmente tras los señalamientos realizados por un exmagistrado que alertó sobre interferencias en su labor jurisdiccional.
Guerrero sostiene que la renuncia se produce cuando el escenario político e institucional ya era insostenible. En lugar de corregir el rumbo, la demora en la toma de decisiones permitió que se consolidaran prácticas que afectan la credibilidad del sistema judicial y profundizan la percepción ciudadana de que la justicia responde a intereses ajenos a la ley.
Juicio político y responsabilidades pendientes
De acuerdo con el análisis, el proceso de fiscalización no pierde vigencia con la dimisión. La censura, en caso de concretarse, implica sanciones políticas como la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos, un mecanismo que busca sentar precedentes y evitar la repetición de conductas similares, dijo en Manavisión Plus. Para Guerrero, este punto resulta clave en un contexto donde la rendición de cuentas suele diluirse tras las renuncias.
La analista advierte que la inoperancia atribuida a la gestión saliente se reflejó en decisiones que debilitaron la protección institucional de jueces que denunciaron presiones. La retirada de garantías de seguridad, lejos de ser un error administrativo, es interpretada como una señal de vulnerabilidad del sistema frente a intereses del crimen organizado y del poder político.
En ese marco, la figura de Mario Godoy queda asociada a un periodo en el que, según Guerrero, el Consejo de la Judicatura perdió capacidad para actuar como órgano autónomo de control y disciplina judicial, dejando a magistrados expuestos y afectando la confianza pública.
Designaciones provisionales y señales políticas
Otro eje central del análisis es la designación de autoridades temporales tras la renuncia de Mario Godoy. Gabriela Guerrero cuestiona el mensaje institucional que se envía cuando el órgano encargado de vigilar a los jueces es presidido de forma provisional por un funcionario cuya trayectoria principal no se desarrolla en el ámbito jurídico. Este hecho, afirma, refuerza la idea de una justicia administrada desde el Ejecutivo.
La Constitución establece la independencia de la Función Judicial, pero en la práctica, señala la analista, esta garantía se ve debilitada cuando los mecanismos de designación permiten la intervención política. El Consejo de Participación Ciudadana, concebido como un espacio de representación social, ha sido utilizado por distintos gobiernos para influir en la conformación de organismos clave, entre ellos la Judicatura, manifestó en la entrevista.
Para Guerrero, este patrón no es nuevo, pero adquiere especial gravedad en el contexto actual, donde las designaciones provisionales se interpretan como premios a la lealtad política. La consecuencia directa es un deterioro de la carrera judicial y un mensaje desalentador para profesionales del Derecho que han construido su trayectoria bajo principios de mérito e independencia.
Control político y efectos en la democracia
El análisis advierte que el control del Consejo de la Judicatura permite influir en los concursos de jueces, un aspecto estratégico para garantizar impunidad futura o perseguir a voces críticas. En este escenario, la justicia deja de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de disciplinamiento político, afectando derechos fundamentales y libertades democráticas, según la experta.
Guerrero subraya que la persecución de actores políticos y sociales que cuestionan al poder se ha acompañado de narrativas mediáticas orientadas a desacreditarlos. Esta estrategia, sostiene, busca instalar el miedo como mecanismo de control, limitando el debate público y normalizando prácticas que erosionan el Estado de Derecho.
La analista insiste en que no se trata de comparar administraciones pasadas, sino de evaluar responsabilidades presentes. El hecho de que gobiernos anteriores hayan incurrido en abusos no justifica su repetición. La democracia, recuerda, se sostiene en límites claros al poder, y cuando la ley se subordina a intereses políticos, el Estado pierde su esencia.
Un problema estructural no resuelto
Finalmente, Guerrero plantea que la crisis de la justicia ecuatoriana responde a una cultura política que históricamente ha utilizado las instituciones judiciales como instrumentos de conveniencia. Mientras esta lógica persista, el ciudadano seguirá sin garantías reales de imparcialidad y acceso efectivo a la justicia.
En este contexto, la renuncia de Mario Godoy aparece como un episodio más dentro de un problema estructural que exige reformas profundas, controles efectivos y un compromiso real con la independencia judicial. Sin estos elementos, advierte la analista, cualquier cambio de nombres será insuficiente para recuperar la confianza y reconstruir un verdadero Estado de Derecho.
