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El colectivo ambientalista YASunidos denunció actos de persecución política durante una audiencia pública en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) este 18 de febrero de 2026. La misma fue presidida por el juez Guillermo Ortega, que se extendió por más de ocho horas para revisar una denuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta infracción electoral en el reporte de ingresos. También por gastos de la campaña de la consulta popular de 2023 sobre el Yasuní ITT.
La diligencia, realizada en la sede del TCE, respondió a alegatos de irregularidades en el financiamiento de la promoción del “sí” para mantener el crudo bajo tierra en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. Estuvo impulsada por el colectivo para oponerse al extractivismo petrolero.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, presentó la denuncia por posible infracción relacionada con el financiamiento político, argumentando que YASunidos no reportó completamente sus ingresos y gastos en el examen de cuentas de campaña. Integrantes del colectivo, como Pedro Bermeo y Alejandra Santillana, rechazaron las acusaciones, atribuyéndolas a una persecución que inició con la recolección de firmas para el plebiscito.
Ahora se inician los alegatos finales de parte del colectivo YASunidos por parte de @jromero1684 y se responde a los argumentos últimos de los denunciante. pic.twitter.com/Lh827BNliz
— YASunidos (@Yasunidos) February 18, 2026
Detalles de la denuncia y pruebas presentadas
Durante la audiencia, las partes expusieron pruebas de cargo y descargo. El CNE alegó omisiones en los informes económicos de la campaña de 2023, que convocó a la ciudadanía a decidir sobre la explotación petrolera en el Yasuní.
YASunidos aclaró que el cuestionamiento se centra en USD 0,39 no justificados, según el CNE, pero afirmaron que estos centavos fueron documentados en informes físicos y digitales.
Santillana criticó la falta de rigurosidad similar en campañas del presidente Daniel Noboa en febrero y abril de 2025, donde no solicitó licencia ni encargó la Presidencia a Verónica Abad para participar en elecciones generales. Atribuyó el proceso a incumplimientos gubernamentales de la consulta, donde el 60% votó por mantener el petróleo bajo tierra.
Posibles sanciones y procedimiento judicial
Las sanciones propuestas incluyen una multa superior a USD 30.000 para el colectivo y la pérdida de derechos políticos por cuatro años para tres líderes de la campaña, cada uno con una multa de USD 9.000. El juez Ortega emitirá una sentencia de primera instancia, apelable ante el pleno del TCE, cuya resolución será definitiva.
Santillana advirtió que un fallo adverso podría interpretarse como un mensaje disuasorio contra la organización ciudadana, referendos y oposición al extractivismo, limitando la democracia directa y la participación democrática. El colectivo espera un dictamen conforme a derecho y considera apelar si es necesario.
La consulta popular de 2023, impulsada por YASunidos, buscaba proteger la biodiversidad del Yasuní ITT, área amazónica sensible al cambio climático y hábitat indígena.
