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La Fiscalía General del Estado dio por concluido, pasadas las 11h00 del sábado, 28 de febrero de 2026, el allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en Quito, como parte de la investigación conocida como caso Caja Chica. La diligencia permitió el retiro de documentación que, según el Ministerio Público, estaría vinculada con los hechos que se indagan.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el operativo —ejecutado con apoyo de la Policía Nacional— se levantaron indicios documentales que ahora serán analizados dentro del proceso investigativo. Antes del mediodía, se observó a agentes salir del inmueble ubicado en el centro-norte de la capital con carpetas y sobres que contendrían ese material.
Allanamiento y reacción política
El procedimiento se desarrolló desde primeras horas de la mañana y fue confirmado públicamente por la dirigencia del movimiento. La presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, alertó sobre la intervención y cuestionó su oportunidad y alcance.
Horas más tarde, la Revolución Ciudadana difundió un comunicado en el que calificó el allanamiento como parte de una serie de acciones que, a su criterio, evidencian una persecución política. En el texto, la organización sostiene que estas diligencias se enmarcan en un contexto de tensión preelectoral, con miras a los comicios seccionales de 2027, y acusa al Gobierno de desviar la atención de otros problemas estructurales del país.
En ese pronunciamiento también se menciona al presidente Daniel Noboa, a quien el movimiento señala por permitir —según su postura— el uso de la justicia con fines políticos, citando además reportes de medios internacionales sobre presuntos vínculos del narcotráfico con estructuras estatales, acusaciones que no han sido probadas judicialmente.
Los abogados rechazan los hallazgos
Tras la salida del personal fiscal y policial, los abogados de las principales figuras del correísmo ofrecieron declaraciones en las que rechazaron la diligencia. Gabriel Rivera, defensor del movimiento, aseguró que la Fiscalía estaría actuando sin una línea investigativa clara.
“Lo que están haciendo es buscar qué encuentran para luego construir un delito”, afirmó Rivera, quien añadió que entre los objetos levantados constarían elementos que, a su juicio, carecen de relevancia penal.
En una línea similar se pronunció Diego Guarderas, abogado de Rafael Correa, Luisa González y Suad Manssur. El jurista sostuvo que no se habrían encontrado pruebas sustanciales y recordó que esta sería la cuarta diligencia de este tipo relacionada con la misma causa.
Incluso, mencionó que parte de la información retirada correspondería a documentación que la propia defensa había solicitado que se requiera a instancias electorales, como el Tribunal Contencioso Electoral.
¿De qué trata el caso Caja Chica?
El caso Caja Chica es una investigación previa abierta por la Fiscalía bajo la presunta figura de delincuencia organizada, con posibles vínculos a lavado de activos y financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023. La hipótesis fiscal apunta al ingreso de recursos no justificados para actividades proselitistas.
La causa tomó notoriedad pública a finales de enero, cuando se realizaron allanamientos a domicilios de dirigentes del movimiento, entre ellos el de Luisa González, y se mencionó al excandidato presidencial Andrés Arauz en el contexto de la investigación.
Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no ha detallado el contenido específico de los documentos incautados ni ha informado sobre nuevas diligencias. Mientras tanto, la Revolución Ciudadana insiste en que el proceso tiene un trasfondo político y asegura que continuará denunciando lo que considera un uso indebido del sistema judicial.
