La Fiscalía del Azuay investigará si la viceprefecta Alexandra Quintanilla Zamora cometió un delito de acción pública luego de ser sancionada por una contravención de tránsito en la medianoche del 28 de febrero. Ese día, cerca de la 01h00, Quintanilla fue detenida por agentes de la EMOV en el sector de Todosantos porque manejaba su vehículo en estado de ebriedad.
Alexandra Quintanilla, según el testimonio de la agente aprehensora, al solicitar licencia y matrícula, se negó a entregarlas y mostró una foto de una licencia que no le pertenecía. En ese momento, la agente indicó que percibió aliento a licor, por lo que solicitó que se realice el alcohotest y la prueba psicosomática, pero la ciudadana se negó a ambas diligencias pese a que se le advirtió que la negativa se presume como el máximo grado de alcohol.
Durante el procedimiento, la viceprefecta no colaboró y no quería bajarse del vehículo, por lo que se pidió apoyo a la Policía Nacional. Posteriormente fue trasladada para valoración médica y, según el expediente, terminó en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, donde se instaló la audiencia.
En la diligencia, la defensa pública alegó inconsistencias en la identidad de la aprehendida. Sin embargo, la jueza concluyó que no existían dudas sobre la persona procesada y señaló que ella “indujo al error” a la agente durante el procedimiento, lo que derivó en inconsistencias con sus datos. Además, se incorporó como prueba imágenes y audios del procedimiento, en el que —según el fallo— se observa la negativa a colaborar y a someterse a las pruebas.
Con esos elementos, la jueza determinó la culpabilidad de la viceprefecta por la contravención tipificada en el artículo 385.3 del COIP y dispuso una pena de 30 días de privación de libertad, una multa de tres salarios básicos unificados y la suspensión de la licencia de conducir por 60 días.
Investigación por parte de Fiscalía
Con toda esa información, Marcos Flores, fiscal del Azuay, dijo este 3 de marzo que hay la presunción de un delito de acción pública. No obstante, la Fiscalía deberá investigar si realmente hubo tal delito.
«Fiscalía tiene la obligación constitucional de investigar todos los hechos que constituyan un delito de acción pública. En este caso, si se presume el cometimiento de un ilícito, Fiscalía tiene la obligación de iniciar las investigaciones hasta establecer los elementos constitutivos y su responsable», explicó Flores. (I)
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