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La extracción ilegal de arena en playas de la provincia de Manabí registra nuevas denuncias ciudadanas. El caso más reciente ocurrió en Puerto Cayo, parroquia rural del cantón Jipijapa, donde moradores y usuarios de redes sociales reportaron maquinaria en movimiento sobre la franja costera sin fiscalización visible.
La situación se repite en distintos puntos del litoral manabita pese a que la normativa ecuatoriana contempla sanciones económicas, decomiso de equipos e incluso penas de prisión para quienes extraigan materiales áridos sin permisos. La ausencia de operativos permanentes alimenta el ciclo de infracciones.
Denuncia ciudadana en Puerto Cayo expone la extracción ilegal de arena
El usuario Raúl Zavala (@Zavala_Ra) publicó el 3 de marzo de 2026 en la red social X: “Lo repetitivo: sigue la extracción ilegal de arena en la playa de Puerto Cayo #Jipijapa. Igual que ayer”, acompañado de imágenes del movimiento de arena. La publicación circuló rápidamente y renovó el debate sobre la efectividad de los controles en la zona costera sur de Manabí.
La tarde de este miércoles 4 de marzo de 2026 se intentó obtener vía telefónica la versión del Municipio de Jipijapa respecto a las denuncias por la extracción ilegal de arena en la playa de Puerto Cayo, pero no se obtuvo respuesta.
Además de Puerto Cayo, han surgido denuncias similares en Puerto López, Canoa, San Vicente y Los Esteros en Manta. En todos esos puntos, moradores denunciaron camiones cargando arena sin presencia permanente de autoridades de control minero o ambiental.
Marco legal: qué sanciones aplican en Ecuador
La Ley de Minería y su Reglamento General regulan la extracción de arena en playas y riberas del país. El artículo 142 de esa ley establece que los gobiernos municipales poseen competencia exclusiva para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras, en concordancia con el artículo 264 de la Constitución.
El régimen sancionatorio minero contempla suspensión o terminación de autorizaciones, decomiso de maquinaria y equipos, e imposición de multas que alcanzan hasta doscientas remuneraciones básicas unificadas para quienes operen sin título habilitante o incumplan obligaciones ambientales. Las autoridades de control minero determinan el monto según resoluciones y criterios técnicos establecidos.
El COIP sanciona la extracción ilegal de arena con prisión
El abogado Dante Santiago Arequipa precisa que el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la explotación ilícita de recursos mineros con penas de prisión de cinco a siete años. La norma aplica a quienes, sin autorización competente, extraigan, exploten, transporten o comercialicen recursos mineros, incluyendo materiales áridos y pétreos como la arena de playa.
Moradores de Puerto Cayo cuestionan que, pese a este marco legal, no existan controles permanentes ni operativos que desincentiven la extracción ilegal de arena en la playa. La brecha entre la norma escrita y la fiscalización en terreno se mantiene como el principal problema identificado por la comunidad.
Impacto ambiental: erosión costera e irreversibilidad
La remoción masiva de arena genera erosión costera, modifica el perfil de la playa y aumenta la vulnerabilidad ante oleajes fuertes y tormentas al debilitar la barrera natural de protección. También provoca la formación de huecos o “piscinas” en la arena que alteran el ecosistema, afectan la seguridad de los bañistas y modifican la dinámica de sedimentos en el borde costero.
Colectivos ambientales advierten que, de mantenerse esta tendencia, los cambios pueden tornarse irreversibles y comprometer la actividad turística en balnearios como Puerto Cayo y otros destinos de Manabí. La economía local, atada al turismo costero, soporta también las consecuencias directas de la práctica ilegal.
Riesgos estructurales: por qué la arena de playa daña las construcciones
La arena extraída de playas ingresa con frecuencia a mezclas de hormigón y mortero para la construcción de viviendas y pequeñas obras. El ingeniero civil Marco Xavier Bayot señala que la arena de playa, cuando no recibe lavado ni tratamiento, contiene altos niveles de sales y materia orgánica que aceleran la corrosión del hierro, reducen la adherencia del concreto y disminuyen la durabilidad de las estructuras.
Reportes técnicos recomiendan emplear arenas de canteras o ríos regulados, con control de granulometría y contenido salino, para garantizar la vida útil de las edificaciones. La advertencia cobra mayor relevancia en Ecuador, país de alta actividad sísmica, donde la calidad de los materiales de construcción incide directamente en la seguridad de las personas.
