Desde el retorno a la democracia, el periodo más grave de uso político de la justicia ocurrió en la presidencia de Rafael Correa. El IESS, el SRI, las cortes, la Fiscalía y la Contraloría actuaron bajo presiones. Está documentado. La institucionalidad fue un instrumento de persecución que debilitó la democracia.
Ese antecedente obliga hoy a una vigilancia mayor. Existen señales preocupantes de un posible doble estándar en la aplicación de la justicia. En procesos contra opositores surgen dudas por la rapidez o el manejo de los tiempos. En cambio, cuando se trata de casos vinculados al poder o a sectores cercanos, analistas señalan que las investigaciones no avanzan con la misma velocidad.
No se trata de defender a unos o atacar a otros. Es exigir debido proceso y sin ninguna tela de duda. La impunidad no es una opción. Y cuando la justicia avanza para unos y frena para otros, tampoco es justicia. Es el error de ayer repetido hoy con distinto color.
La salida es una sola: justicia independiente, transparente e igual para todos. Sin revancha ni protección selectiva.
Cada vez que la justicia sirve al poder, el país retrocede. Romper ese ciclo es una condición para la democracia.
