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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), junto con la Intendencia de Policía del Guayas, clausuró una panificadora en el sur de Guayaquil que operaba sin permisos de funcionamiento y en condiciones insalubres, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la irregularidad.
Operativo tras denuncia ciudadana
La intervención se realizó luego de una denuncia ciudadana, lo que motivó la inspección de técnicos de Arcsa y personal policial en el establecimiento.
Durante el operativo se confirmó que el local funcionaba de manera ilegal, sin cumplir con los requisitos sanitarios ni contar con autorización para la elaboración de alimentos.
Las autoridades verificaron además que los productos elaborados en el lugar eran distribuidos en distintos sectores de Guayaquil, lo que incrementa el riesgo sanitario para la población.
Graves condiciones de insalubridad
En la inspección se evidenciaron múltiples irregularidades sanitarias dentro del establecimiento.
Entre los principales hallazgos se encontraron cucarachas en refrigeradoras, utensilios sucios, ollas y cocinas con acumulación de grasa, además de latas con restos de preparaciones anteriores.
También se constató la presencia de perros dentro de las áreas de preparación, así como excremento animal cercano a los alimentos.
Las autoridades detectaron además utensilios oxidados, pisos en malas condiciones higiénicas y heces de roedor sobre los hornos, lo que representa un riesgo directo para la salud de los consumidores.
Clausura y proceso sancionatorio
Ante estas condiciones, las autoridades procedieron a la clausura inmediata del establecimiento.
Asimismo, se inició un proceso sancionatorio conforme al artículo 140, literal e) de la Ley Orgánica de Salud, que regula las infracciones relacionadas con la seguridad sanitaria.
Las entidades de control señalaron que este tipo de operativos buscan prevenir riesgos y garantizar que los alimentos que se comercializan cumplan con las normas vigentes.
Llamado a la ciudadanía
Arcsa reiteró la importancia de que la ciudadanía denuncie establecimientos que operen en condiciones irregulares o sin permisos sanitarios.
Estas acciones permiten a las autoridades intervenir oportunamente y proteger la salud pública, evitando la comercialización de productos que no cumplen con estándares de higiene y seguridad.
