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El coronel Fausto Cobo, exdirector del SNAI, en entrevista con Manavisión Plus, analizó la sistema penitenciario en Ecuador y sus principales desafíos estructurales.
Durante la entrevista, el exfuncionario calificó al sistema penitenciario como una “herida abierta” en el contexto de inseguridad nacional.
Señaló que el deterioro se ha profundizado durante las últimas dos décadas, afectando tanto la seguridad como la infraestructura carcelaria.
Indicó que las condiciones actuales no responden a las necesidades del país ni a la complejidad del crimen organizado.
Crisis estructural
El exdirector afirmó que el sistema penitenciario es una de las principales fuentes de fomento de la criminalidad en Ecuador.
Advirtió que el nivel de riesgo es elevado y que no existen soluciones inmediatas para revertir la situación.
Subrayó que cualquier cambio estructural requiere medidas a mediano y largo plazo, junto con inversión estatal significativa.
Infraestructura y salud
Según Cobo, entre el 60% y 70% de la infraestructura penitenciaria no cumple con los estándares necesarios de seguridad.
Además, mencionó deficiencias en áreas clave como la gestión penitenciaria y los servicios de salud.
Alertó sobre una crisis de tuberculosis en centros de privación de libertad, especialmente en Guayaquil.
Propuestas y reformas
El exfuncionario se refirió a la propuesta de incorporar personal militar y policial en servicio pasivo al sistema penitenciario.
Aclaró que esta medida puede contribuir, pero no resuelve los problemas estructurales de fondo.
Explicó que esta iniciativa forma parte de un proyecto de ley en segundo debate en la Asamblea Nacional.
El proyecto contempla reformas a varias normativas vinculadas a seguridad y sistema penitenciario. Entre ellas, el Código Orgánico Integral Penal y leyes relacionadas con el uso legítimo de la fuerza.
También incluye disposiciones sobre seguridad pública y social de policías y Fuerzas Armadas.
Cobo precisó que la participación de militares y policías en retiro sería temporal y excepcional, por un periodo de tres años.
Indicó que esta medida busca cubrir la falta de personal en el sistema penitenciario.
Inseguridad jurídica
El exdirector identificó la inseguridad jurídica como uno de los problemas persistentes del sistema penitenciario.
Señaló que reformas anteriores han sido esporádicas y motivadas, en algunos casos, por factores políticos.
Expresó que el nuevo proyecto podría contribuir a mejorar la estabilidad normativa.
Entre las causas del deterioro, destacó la infraestructura obsoleta y la ubicación de cárceles dentro de zonas urbanas.
También mencionó el hacinamiento como un problema estructural que agrava la situación penitenciaria. Explicó que la clasificación inadecuada de internos facilitó la consolidación de grupos delictivos.
Control de las cárceles
Según Cobo, la falta de clasificación permitió que personas privadas de libertad se agrupen según afinidades criminales.
Esto habría fortalecido la presencia de bandas organizadas dentro de los centros penitenciarios. Indicó que, en ciertos momentos, el Estado perdió el control de estos espacios.
El exfuncionario señaló que Ecuador enfrenta actualmente una amenaza criminal no convencional y de carácter transnacional.
Mencionó actividades como el narcotráfico y la minería ilegal como factores de presión sobre el sistema.
Afirmó que el país se ha convertido en una plataforma para la exportación de drogas.
Rol de las Fuerzas Armadas
Destacó que el uso de militares y policías ha permitido reducir parcialmente la violencia en cárceles.
Sin embargo, insistió en que esta medida no debe ser permanente dentro del sistema penitenciario.
Recalcó la necesidad de crear un cuerpo especializado y profesional en seguridad penitenciaria.
Cobo enfatizó la importancia de establecer un sistema de formación técnica para el personal penitenciario.
Indicó que se requiere una escuela especializada y un plan de carrera estructurado.
También subrayó la necesidad de mejorar los salarios para garantizar eficiencia y compromiso.
Nuevas cárceles
Sobre la construcción de centros de máxima seguridad, consideró que es una medida adecuada.
Señaló que estos espacios permiten aplicar protocolos diferenciados para internos de alta peligrosidad.
Indicó que entre el 8% y 10% de los reclusos controlan las cárceles, por lo que deben ser aislados. Respecto a modelos internacionales, mencionó el caso de El Salvador como referencia.
Sin embargo, advirtió que las condiciones territoriales y sociales son diferentes a las de Ecuador. Señaló que es posible adaptar tecnologías y protocolos, pero no replicar modelos de forma directa.
El exdirector también abordó el impacto del toque de queda en el contexto de seguridad nacional. Indicó que estas medidas deben ser respaldadas, pero requieren mayor comunicación oficial.
Afirmó que la falta de información genera dudas en la ciudadanía.
Conflicto interno
Cobo describió la situación actual como un conflicto interno armado, más allá de un problema de orden público.
Señaló que la amenaza incluye factores internos y transnacionales que afectan la seguridad del país. Destacó la importancia de informar adecuadamente para evitar desinformación.
El análisis del exdirector del SNAI evidencia la complejidad del sistema penitenciario ecuatoriano. Las soluciones planteadas requieren reformas estructurales, inversión y planificación a largo plazo.
El debate continúa en el ámbito legislativo y de seguridad nacional.
