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La audiencia de juzgamiento del denominado caso Triple A se reinstaló la tarde de este domingo 22 de marzo de 2026 en la Unidad Judicial de Santa Elena. Se dio con la presencia física del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien es investigado por el presunto comercio ilegal de hidrocarburos en el país. El funcionario arribó bajo un fuerte resguardo policial, tras ser trasladado desde la Cárcel del Encuentro, donde permanece con prisión preventiva.
La diligencia se reinstaló a las 15h20, luego de que se resolvieran inconvenientes técnicos que habían impedido su desarrollo en horas anteriores, según información proporcionada por las autoridades judiciales. Previo al reinicio de la audiencia, el abogado defensor, Ramiro García, manifestó que esperan ejercer el derecho a la defensa sin las limitaciones registradas durante las sesiones realizadas desde el centro penitenciario.
El caso Triple A continúa tras varias suspensiones
El jurista indicó que en la Cárcel del Encuentro no contaban con conexión estable a Internet ni con facilidades para el uso de equipos tecnológicos, lo que afectaba el desarrollo de la audiencia virtual mediante la plataforma Zoom. En los exteriores de la Unidad Judicial, un grupo de ciudadanos, familiares y simpatizantes se concentró durante la jornada para expresar su respaldo al alcalde, mientras se mantenía la presencia policial en la zona.
El caso Triple A investiga una presunta red dedicada a la comercialización y almacenamiento ilegal de combustibles subsidiados, en la que, según la Fiscalía, estarían implicadas 22 personas naturales y jurídicas. De acuerdo con la tesis fiscal, la estructura habría desviado diésel subsidiado para su venta en el mercado ilícito, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado estimado en aproximadamente 94 millones de dólares.
Impacto económico señalado en la investigación
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de juicio, luego de varias suspensiones registradas en semanas anteriores, algunas relacionadas con la detención de Álvarez y dificultades logísticas para el desarrollo de las audiencias. Las autoridades judiciales continúan con la sustanciación del caso, mientras se prevé que en las próximas jornadas se presenten nuevos elementos y testimonios dentro del proceso.
El desarrollo de esta causa ha generado atención pública debido a la relevancia de los implicados y al impacto económico señalado en la investigación, en el contexto del control estatal sobre los combustibles subsidiados en Ecuador.
