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Alrededor de 30 familiares de siete militares procesados protestaron este domingo 22 de marzo de 2026 en los exteriores de un recinto del Ejército Ecuatoriano en Latacunga, tras la decisión judicial que dictó prisión preventiva para dos uniformados y medidas alternativas para otros cinco, en el marco de una investigación por la muerte de un ciudadano en Milagro, provincia del Guayas.
La manifestación se desarrolló durante aproximadamente tres horas en el norte de Latacunga, donde familiares de los militares se concentraron con carteles para expresar su rechazo a las medidas dictadas en audiencia.
Entre los asistentes se encontraban madres, esposas, hijos y hermanos de los uniformados, quienes manifestaron su preocupación por la situación legal y personal de los procesados.
Los manifestantes también indicaron que temen por la seguridad de los militares, quienes, según señalaron, cuentan con trayectorias de entre 10 y 19 años de servicio en la institución.
Medidas judiciales dictadas
La noche del sábado 21 de marzo, un juez dispuso prisión preventiva para dos de los siete militares, mientras que a los otros cinco se les impusieron medidas alternativas.
Estas incluyen el uso de grillete electrónico, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
A todos los uniformados se les imputa el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que contempla penas de hasta 13 años de prisión, según la legislación vigente.
Traslados y situación procesal
Hasta la tarde del domingo, los militares con medidas alternativas aún no habían llegado a Latacunga, mientras que la defensa de los dos uniformados con prisión preventiva gestionaba que cumplan la medida en la cárcel de Cotopaxi.
El cuartel donde se desarrolló la protesta es el mismo al que pertenecen los militares procesados, quienes habían sido trasladados previamente a la provincia del Guayas para participar en operativos de seguridad.
Estos operativos se ejecutaban en el contexto del estado de excepción y toque de queda vigente en la provincia, como parte de las acciones de control del orden público.
Inicio de la investigación
La Fiscalía General del Estado informó el 17 de marzo de 2026 el inicio de una investigación contra los militares, tras la muerte de Bryan Argenis Ledesma Franco, quien fue ingresado sin signos vitales al hospital del IESS en Milagro el 16 de marzo.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó versiones que señalan que la víctima habría sido agredida durante más de 40 minutos.
Según estos testimonios, el ciudadano habría recibido golpes físicos y, posteriormente, habría sido sometido a descargas eléctricas mientras se encontraba en contacto con agua, lo que habría provocado su desmayo.
Antecedentes del caso y contexto
De acuerdo con la información presentada en la audiencia, la víctima registraba procesos judiciales previos en años anteriores, relacionados con delitos como robo, tráfico de sustancias y porte de armas.
Sin embargo, durante la diligencia judicial, la jueza recordó que, independientemente de los antecedentes, toda persona mantiene sus derechos y garantías.
En el desarrollo del proceso, uno de los abogados defensores de los militares cuestionó la participación del Comité de Derechos Humanos, así como los señalamientos realizados en torno al caso.
Proceso en curso
El caso continúa en etapa de instrucción fiscal, en la que se recaban elementos de convicción para determinar responsabilidades.
Las autoridades judiciales deberán evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, en el marco del debido proceso.
Mientras tanto, los familiares de los militares mantienen su expectativa frente al desarrollo del caso, en medio de un contexto de atención pública por la actuación de fuerzas de seguridad en operativos internos.
