Gobierno renueva a altos mandos militares

Gobierno renueva a altos mandos militares


28 de marzo de 2026 • 11:44

3 minutos de lectura

Gabriela Mantuano

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

El presidente Daniel Noboa firmó los decretos ejecutivos 342, 343, 344 y 345, con fecha 27 de marzo de 2026 en Quito, mediante los cuales dispuso la renovación de la cúpula militar y el paso a servicio pasivo de varios generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Cambios en la estructura militar

Los decretos ejecutivos emitidos por el Ejecutivo establecen la salida del servicio activo de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, quienes pasan a la condición de “servicio pasivo”, conforme a la normativa vigente.

Entre los documentos difundidos se encuentran el Decreto Ejecutivo No. 342 y el No. 343, en los cuales se dispone la baja de varios oficiales. En el primero se menciona a GRAD Iván Rodrigo Vásconez Hurtado y GRAD Amílcar Homero Alvear Landeta, mientras que en el segundo se dispone la salida de GRAD Fernando Javier Lanas Viteri.

Estos decretos señalan que la medida se adopta con base en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, específicamente en disposiciones relacionadas con la carrera militar y el paso a retiro.

Sustento legal de las decisiones

Los documentos oficiales indican que las decisiones se adoptan en ejercicio de las atribuciones conferidas al Presidente por la Constitución de la República. En particular, se cita el artículo 141 y el numeral 16 del artículo 147, que facultan al mandatario a dirigir la administración pública y ejercer la autoridad sobre las Fuerzas Armadas.

Además, los decretos establecen que el Ministerio de Defensa Nacional será el encargado de ejecutar estas disposiciones, en coordinación con las instancias correspondientes dentro de la estructura militar.

El texto también precisa que las decisiones entran en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, lo que formaliza su aplicación dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Alcance de la renovación

La emisión de los decretos 342, 343, 344 y 345 forma parte de un proceso de reorganización de la cúpula militar. Aunque los documentos conocidos detallan casos específicos de oficiales, el conjunto de decretos responde a una reconfiguración más amplia en los altos mandos.

Este tipo de decisiones implica la salida de oficiales con grados superiores, como generales y almirantes, lo que abre paso a nuevos nombramientos dentro de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas.

El término “servicio pasivo” hace referencia al retiro de la actividad operativa, manteniendo el reconocimiento del rango y los derechos establecidos en la normativa militar.

Contexto institucional

La renovación de la cúpula militar es una atribución regular del Ejecutivo dentro del sistema de defensa nacional. En Ecuador, el Presidente ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas, lo que incluye la designación y remoción de sus principales mandos.

Estos cambios suelen responder a criterios administrativos, estratégicos o de reorganización interna, en concordancia con las políticas de defensa del Estado.

En este caso, los decretos se emiten en un contexto en el que el Gobierno mantiene acciones relacionadas con la seguridad y el funcionamiento institucional de las Fuerzas Armadas, bajo el marco legal vigente.

Cada decreto incluye disposiciones específicas sobre los oficiales involucrados y el procedimiento administrativo correspondiente para su ejecución.

Implicaciones administrativas

La salida de oficiales de alto rango genera ajustes dentro de la cadena de mando, lo que implica posteriores designaciones para cubrir las vacantes generadas.

Estas decisiones forman parte de los procesos institucionales previstos en la normativa militar ecuatoriana, que regula la carrera, ascensos, permanencia y retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La publicación de los decretos en el Registro Oficial constituye el paso final para su plena vigencia jurídica y administrativa.

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