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Un magistrado dictó orden de prisión preventiva contra la exjueza anticorrupción Gabriela Lara T. por presunto incremento injustificado de su patrimonio personal. La medida surge tras el pedido fundamentado de la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de formulación de cargos en este proceso.
La instrucción fiscal contra la exfuncionaria durará 90 días para recabar elementos de convicción que sustenten la acusación por enriquecimiento ilícito. Esta investigación penal comenzó oficialmente el pasado 4 de marzo de 2026 cuando las autoridades presentaron los cargos contra la exfuncionaria procesada.
Origen del Caso Fachada
La indagación se desprende del denominado Caso Fachada donde se analizan diversas irregularidades y actos de corrupción reportados dentro de la Función Judicial. Según el ente acusador existen indicios claros sobre un incremento patrimonial injustificado de la exfuncionaria mientras ejercía sus altas funciones públicas. Los investigadores detectaron movimientos económicos que no guardan relación con los ingresos mensuales legales percibidos por Lara Tello durante su carrera judicial.
El patrimonio de la procesada está bajo estricta vigilancia institucional para determinar el origen exacto de los fondos captados en sus cuentas. La Fiscalía General mantiene la tesis de que los dineros provendrían de actividades ilícitas relacionadas con fallos emitidos desde su unidad anticorrupción. El proceso busca transparentar las operaciones financieras realizadas por la exjueza durante el periodo de tiempo en que ejerció la magistratura nacional.
Vínculos con grupos criminales
Las autoridades indagan posibles nexos con estructuras delictivas debido a que la exjueza habría recibido beneficios económicos por favorecer a varios procesados. Entre los beneficiados constarían sujetos vinculados al grupo criminal Comandos de la Frontera quienes buscaban su libertad mediante dudosas decisiones de carácter judicial. Estos presuntos pagos habrían comprometido la imparcialidad de la unidad judicial especializada donde la ahora procesada cumplía sus tareas diarias de administración.
La conducta de Lara Tello motivó su destitución previa por parte del Consejo de la Judicatura tras calificar sus actos como falta gravísima. El organismo supervisor consideró que el comportamiento de la exfuncionaria comprometió seriamente la integridad y la confianza en el sistema de justicia. Actualmente el sistema carcelario espera la llegada de la exmagistrada para dar cumplimiento inmediato a la orden de prisión preventiva dictada.
Etapa de instrucción fiscal
Durante los próximos tres meses la Fiscalía recolectará pruebas adicionales para confirmar si existieron transacciones irregulares que beneficiaron a la exfuncionaria judicial. El objetivo de la etapa de instrucción fiscal es consolidar la teoría del caso antes de pasar a la audiencia de evaluación. El sistema informático de la Función Judicial también será auditado para revisar la trazabilidad de los fallos emitidos por la exjueza ahora investigada.
La defensa de la procesada deberá justificar el origen de cada activo mencionado en el informe de la Unidad de Análisis Financiero. Este caso de corrupción judicial mantiene la atención ciudadana por la sensibilidad de la unidad donde se habrían cometido los delitos denunciados. La ley ecuatoriana establece sanciones severas para los funcionarios públicos que incrementen su patrimonio de forma ilegal utilizando sus cargos de poder.
