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La asambleísta Mónica Palacios reaccionó al pedido de un juez de la Corte Nacional de Justicia para levantar su inmunidad parlamentaria, presentado en Ecuador, con el fin de procesarla por presunta calumnia, tras una querella impulsada por la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.
La legisladora de la Revolución Ciudadana expresó su postura en la red social X. “Ahora la querellada soy yo”, escribió tras conocer la solicitud judicial.
Además, cuestionó el avance del proceso legal en su contra. “Es insólito que mientras la Fiscalía y la UAFE miran para otro lado, ahora la querellada sea yo”, afirmó. Palacios también señaló al Gobierno de Daniel Noboa. “Una vez más, el gobierno usa la justicia para tratar de amedrentarme. ¡No me van a callar!”, publicó en su cuenta oficial.
Denuncias y antecedentes del caso
La controversia se originó tras las denuncias de la asambleísta sobre la presunta compra de un terreno de 93 hectáreas en el cantón La Libertad por USD 2,7 millones. El proceso fue revocado por autoridades municipales. Según Palacios, la joven involucrada, identificada como Jenny Ramírez, tendría vínculos con Gellibert. La legisladora aseguró que estos hechos motivaron acciones legales.
Por ello, presentó una notitia criminis ante la Fiscalía General del Estado por presunto testaferrismo, tráfico de influencias y lavado de activos. Sin embargo, afirmó que la respuesta institucional “ha sido nula”. En respuesta, Gellibert interpuso una querella penal contra la parlamentaria. La acción legal se basa en la presunta atribución falsa de un delito, tipificada como calumnia en la legislación ecuatoriana.
La asambleísta sostuvo que el proceso avanza con rapidez. “Mientras mi notitia criminis no muestra avances, la querella en mi contra avanza con velocidad inusual”, expresó. Asimismo, defendió su labor legislativa. “Mi deber constitucional es fiscalizar los recursos del pueblo ecuatoriano”, señaló la representante del correísmo.
Pedido de levantamiento de la inmunidad
Al ser legisladora, Palacios goza de inmunidad parlamentaria. Este fuero impide su procesamiento penal sin la autorización previa del Parlamento. En este contexto, el juez Felipe Córdova solicitó a la Asamblea Nacional del Ecuador autorizar el levantamiento de la inmunidad para iniciar el proceso por presunta calumnia.
Una vez que el pedido ingrese formalmente, el Legislativo deberá analizarlo y someterlo a votación del Pleno. Para aprobarlo se requiere una mayoría calificada de 101 votos. El caso se desarrolla en medio de tensiones políticas en el país. La inmunidad parlamentaria constituye una garantía constitucional destinada a proteger la función legislativa.
Sin embargo, su levantamiento permite investigar presuntos delitos cometidos por autoridades electas. Este procedimiento se encuentra regulado por la normativa vigente en Ecuador. El desenlace dependerá de la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá pronunciarse conforme a la ley.
