La Justicia de Corea del Sur condenó este lunes a cadena perpetua a una profesora por matar a una alumna de siete años en un colegio de la ciudad de Daejeon, en el centro del país.
Se trata de un caso que se remonta al pasado mes de febrero y que conmovió a la sociedad surcoreana.
Pedían la pena de muerte para profesora
La acusada, una mujer de 48 años identificada como Myeong Jae Wan, llevó a la menor hasta su aula y posteriormente la mató tras propinarle varias puñaladas. La niña, Kim Hae Neul, falleció debido a la gravedad de las heridas.
La Fiscalía había solicitado la pena de muerte contra Myeong, dado que la familia de la menor quería “la pena más dura” en su contra, si bien el tribunal señaló que es “difícil” lograr pruebas suficientes que respalden dicha condena.
Cabe mencionar que no se detallaron las razones por las que la maestra cometió el atroz crimen, o por las que eligió precisamente a esa menor.
La sentenciada tenía antecedentes de “conatos de ira”
El tribunal explicó que el caso es “poco común” e informó que ya se habían registrado quejas contra la profesora, quien había mostrado “conatos de ira”.
La mujer había golpeado un ordenador y también se había enfrentado a otro docente tan solo días antes del incidente, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.
Además, Wan había sido diagnosticada con depresión en 2018 y se sometía a tratamiento. En diciembre de 2024, obtuvo una licencia laboral por seis meses, pero regresó prematuramente ese mismo mes, pese a recomendaciones médicas.
La policía recopiló testimonios que indican aislamiento y episodios violentos en el entorno laboral.
“El asesinato es un delito que se lleva a un ser humano. En este caso, se trata de una niña que no logró la protección suficiente por parte del centro educativo, donde debería haber estado a salvo”, afirmó la corte.
La pena de muerte no se ejecuta desde hace décadas
En Corea del Sur, el asesinato se sanciona con cadena perpetua, pena de muerte o mínimo cinco años de prisión, según el Código Penal.
La pena capital, aunque legal, no se ejecuta desde 1997, con más de 60 condenados en el corredor de la muerte. Este caso resalta tensiones en la supervisión escolar, similar a incidentes previos de violencia en instituciones educativas.
La familia de la víctima, incluyendo a su hermana menor, expresó gratitud por la sentencia, aunque lamentó la pérdida irreversible. Además, el tribunal ordenó terapia obligatoria en prisión para la condenada.
