La Fiscalía de Tarija presentó este martes una acusación formal contra el expresidente boliviano Evo Morales por un delito de trata de personas. Esto, en el marco de su presunta relación con una menor de edad en 2015.
Hay indicios contra Evo Morales
El Ministerio Público de Tarija sostiene que existen indicios suficientes para acusar formalmente a Morales, así como a la madre de la menor, Idelsa Pozo, tras una investigación exhaustiva iniciada en septiembre de 2024.
De dicha relación, que se produjo mientras Morales todavía estaba en el cargo de presidente, habría nacido una niña.
El político, que no ha acudido a ninguna citación en el marco del caso, también está acusado en Argentina por presunto abuso de menores. Esto, tras dos denuncias interpuestas por la derecha vinculada al presidente, Javier Milei.
Acusa al gobierno de Luis Arce
Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, ha acusado al Gobierno del presidente Luis Arce de fabricar el caso después de que ya en 2020, durante el periodo de Jeanine Áñez, se le investigará sin hallar nada.
La máxima responsable de la Fiscalía de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó poco después que fue destituida del cargo por orden del fiscal general del Estado, Róger Mariaca. «Me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicio», indicó, sin ofrecer detalles sobre su cese, según recogió el diario ‘El Deber’.
Evo Morales reconoció a la hija de la presunta víctima de trata de personas
En octubre de 2024, la Fiscalía de Tarija imputó a Morales por trata de personas y estupro, relacionado con el presunto embarazo de una menor de 15 años en 2015, durante su tercer mandato presidencial.
Según el cuaderno de investigaciones, Morales, de 57 años entonces, habría mantenido relaciones con Cindy S.V.P., resultando en el nacimiento de una hija en 2016, registrada en 2018 en Yacuiba como hija legítima suya. La partida de nacimiento y testimonios del padre de la víctima, detenido por complicidad, sustentan la acusación.
La investigación alega que los padres de la menor la inscribieron en la «Guardia Juvenil Generación Evo» para obtener beneficios políticos. Eso se configura como trata con agravante por embarazo.
Morales, citado a declarar el 10 de octubre de 2024, se rehúsa a comparecer, alegando persecución política del gobierno de Luis Arce. Una orden de aprehensión fue emitida el 16 de octubre, suspendida temporalmente por una jueza de Santa Cruz, pero revocada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2024.
Morales niega los hechos, afirmando «no se metan con la familia», y sus aliados, como el senador Leonardo Loza, proponen someterlo a justicia indígena.
