La Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos mineros iniciaron este lunes un paro nacional con movilizaciones en La Paz y otras cinco regiones de Bolivia, para exigir la derogación del Decreto Supremo 5503. La medida de fuerza surge tras la decisión del gobierno del presidente Rodrigo Paz de eliminar la subvención estatal a los combustibles, una política vigente por más de 20 años.
Los manifestantes argumentan que el ajuste impactará negativamente en los sectores más vulnerables, mientras que el Ejecutivo sostiene que la medida es indispensable para evitar el colapso de las finanzas públicas.
La marcha de los mineros en Bolivia
La jornada de protesta comenzó con una marcha multitudinaria de mineros que paralizó el centro paceño, forzando a la policía a cercar los accesos a la Plaza Murillo para resguardar la sede de gobierno. Paralelamente, la Administradora de Carreteras reportó bloqueos en rutas troncales de seis de las nueve regiones del país, afectando principalmente la conexión entre Cochabamba y el oriente boliviano.
Andrés Paye, dirigente del sector minero, afirmó que la movilización no cesará hasta que se restablezca el subsidio. Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, calificó la normativa como “arbitraria”, asegurando que el decreto favorece a sectores empresariales en detrimento del pueblo. No obstante, el impacto de la huelga fue calificado como parcial, dado que el Gobierno logró acuerdos previos con gremios del transporte de carga.
Ajuste económico y nuevos precios
El eje del conflicto es el Decreto 5503, emitido el pasado miércoles, el cual establece un incremento sustancial en el costo de los carburantes. La gasolina especial subió a 6,96 bolivianos (un alza del 86%), la gasolina premium se fijó en 11 bolivianos y el diésel alcanzó los 9,80 bolivianos, representando un incremento del 162%.
Según informes oficiales del Ministerio de Economía, el esquema de subvenciones se volvió financieramente inviable debido a la escasez de divisas y la crisis fiscal. El Gobierno proyecta que, de mantenerse el subsidio, el Estado debería erogar 3.500 millones de dólares para el año 2026, una cifra que representa el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano.
Negociaciones y respuesta gubernamental
Para mitigar el conflicto, los ministros Gabriel Espinoza (Economía) y Mauricio Zamora (Obras Públicas) firmaron acuerdos con transportistas de Cochabamba y Santa Cruz durante el fin de semana. Estos sectores aceptaron mesas de trabajo técnicas a cambio de no plegarse al paro. Asimismo, grupos de mineros auríferos y juntas vecinales de El Alto decidieron no participar en la huelga tras reuniones directas con el mandatario.
El presidente Rodrigo Paz ratificó a través de la red estatal Bolivia TV que la medida económica es irreversible. El Ejecutivo enfatiza que el bloqueo de rutas agrava la situación económica actual. Mientras tanto, figuras políticas como el expresidente Evo Morales han manifestado su apoyo a las protestas, incrementando la tensión política en un escenario de alta polarización social. (10).
