El nuevo tributo a las remesas se establece como un impuesto especial (excise tax) que recae directamente sobre el remitente al momento de realizar la transacción internacional.
Según las directrices del Servicio de Rentas Internas (IRS), este cargo se aplica obligatoriamente a todas las transferencias salientes de 15 dólares o más.
Es fundamental aclarar que el impuesto se suma al costo total del envío y no se descuenta del monto que recibe el destinatario final.
La ley especifica que este gravamen afecta exclusivamente a remesas financiadas con efectivo, giros postales (money orders) o cheques de caja iniciados físicamente.
Las empresas de servicios monetarios tienen ahora la responsabilidad legal de recaudar este impuesto y reportarlo trimestralmente al fisco mediante el Formulario 720.
Para facilitar la transición, el IRS anunció un periodo de alivio de multas durante los primeros tres trimestres del presente ejercicio fiscal 2026.
Exenciones y alternativas digitales
Una característica relevante de la normativa es que incentiva la digitalización. Por ello, las transferencias electrónicas están completamente exentas del pago del 1%.
Esto incluye los envíos realizados directamente desde cuentas bancarias estadounidenses (ACH) o transacciones efectuadas con tarjetas de débito o crédito locales.
También quedan libres de este impuesto las operaciones realizadas a través de billeteras digitales que no requieran el uso de dinero físico inicial.
Especialistas señalan que esta distinción podría generar un crecimiento vertiginoso en la adopción de canales digitales por parte de la comunidad migrante residente.
Diversas empresas ya ofrecen alternativas para mitigar el impacto. Algunas lanzaron tarjetas prepagadas que permiten cargar efectivo para luego realizar el envío digital.
Estas herramientas digitales se presentan como una solución para trabajadores que no poseen cuenta bancaria pero desean evitar el sobrecosto del impuesto.
Impacto económico en América Latina
El alcance de esta medida es profundo para América Latina y el Caribe, regiones que reciben la mayor parte de estos flujos monetarios.
En México, donde gran parte de las remesas se originan en efectivo, el impacto fiscal podría superar los 360 millones de dólares anuales.
Países como Guatemala, Honduras y El Salvador verán un encarecimiento en el flujo de divisas que sostiene gran parte de su consumo interno.
En El Salvador, expertos advierten que el impuesto es un golpe sensible. Para una familia, tres dólares adicionales afectan la compra de bienes básicos.
A pesar de las preocupaciones, organismos internacionales sugieren que no habrá una caída catastrófica en el volumen de envíos por la necesidad familiar.
Sin embargo, se prevé una reconfiguración del mercado. Los canales informales o el uso de criptomonedas (stablecoins) podrían ganar terreno en el corto plazo.
Desafíos para el sector de servicios monetarios
Para las agencias de envío, la implementación representa un desafío logístico. La normativa exige mantener registros detallados de cada transacción física realizada.
Esta carga administrativa adicional podría traducirse, a largo plazo, en un aumento de las comisiones operativas que las empresas cobran habitualmente a sus usuarios.
Además, el cumplimiento requiere que los empleados en ventanilla estén capacitados para explicar el nuevo cargo federal a los usuarios que envían dinero.
Existe el riesgo de que la confusión inicial genere fricciones en los puntos de venta, especialmente entre personas de la tercera edad o migrantes.
El Gobierno Federal enfatizó que este impuesto tiene un componente de seguridad nacional. Facilita el rastreo de flujos vinculados a posibles actividades ilícitas.
Al encarecer el uso de dinero físico, el Estado busca empujar a la población hacia sistemas financieros con verificación de identidad (KYC) rigurosa.
Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026
A medida que avance el año, el Departamento del Tesoro evaluará la efectividad de la recaudación y el comportamiento real del mercado de divisas.
Si la transición digital es masiva, el ingreso fiscal será menor al proyectado, cumpliendo el objetivo de formalizar todas las transferencias internacionales.
Por el contrario, si el uso del efectivo se mantiene estable, el Estado estadounidense habrá encontrado una fuente de ingresos constante y muy rentable.
Consulados latinoamericanos han iniciado campañas informativas para que sus ciudadanos conozcan las opciones exentas y eviten pagar el gravamen del 1%.
El mensaje central es la bancarización. Abrir cuentas o usar tarjetas es la vía más eficaz para proteger el valor íntegro del trabajo.
El 2026 marca el fin de las remesas físicas libres de impuestos. Esta transformación prioriza el rastreo digital y la recaudación soberana en EE. UU.
