El lavado de activos representa uno de los principales riesgos para la economía ecuatoriana.
Pese a la existencia de información pública, marcos legales y reportes de operaciones inusuales, persisten dudas sobre la eficacia del sistema antilavado y el papel que desempeña la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Luis Tobar, analista económico, explica que existen mecanismos legales y públicos para analizar si una persona o empresa tiene coherencia entre sus ingresos, su nivel de vida y sus activos.
“Cualquier ciudadano puede realizar una triangulación a través de tres fuentes oficiales con información que está al alcance de todos. El problema es que no se hace de forma sistemática desde el Estado”, señala.
Información pública
- Superintendencia de Compañías: permite revisar información societaria, accionistas y estados financieros.
- Servicio de Rentas Internas (SRI): ofrece datos sobre impuestos causados, pagados y sobre la salida de divisas.
- Contraloría General del Estado: publica declaraciones patrimoniales juramentadas de servidores públicos, revelando activos, pasivos, cuentas bancarias y bienes inmuebles.
Estas herramientas permiten detectar si alguien adquiere propiedades sin respaldo económico aparente.
Además, Tobar advierte sobre la entrega de préstamos informales en comercios, sin control alguno y con tasas que superan el 300 % anual. Este mecanismo puede convertirse en una vía para el lavado de activos
“Quiénes son los dueños de esos recursos y por qué las autoridades no hacen nada al respecto, si se sabe de estas operaciones ilegales”, increpa.
Compras en efectivo
Otro de los puntos sensibles es el uso de dinero en efectivo en transacciones de alto valor, especialmente en bienes raíces.
El abogado penalista Julio Cueva advierte que incluso una venta “legal” en efectivo puede poner en riesgo al vendedor.
“Cuando ingresas ese dinero al sistema financiero se genera una alerta. La UAFE reporta a la Fiscalía y te piden justificar la licitud del dinero», comenta.
«Es mejor exigir pagos bancarizados en transacciones de bienes raíces; si alguien no quiere, lo más sano es no vender”.
Desde julio de 2025, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, los notarios tienen prohibido autorizar contratos de transferencia de dominio realizados en efectivo o al contado.
Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos, expresa sus dudas sobre la efectividad del control en cantones pequeños, donde hay pocos notarios y donde el crimen organizado «tiene raíces».
Agregó, que hay debilidades en el control estatal. Falta de un cruce eficaz de información entre la UAFE, las superintendencias, notarios —que están en primera línea para detectar operaciones sospechosas— y registros de la propiedad y mercantil, pese a que estos actores concentran información clave sobre activos.
¿De dónde obtiene información la UAFE?
La UAFE obtiene información principalmente de los llamados “sujetos obligados a reportar”.
Es un universo de más de 23.000 personas naturales y jurídicas, que incluye bancos, cooperativas, inmobiliarias, notarios, fundaciones, organizaciones políticas, clubes de fútbol, joyerías, casas de apuestas y hasta hipódromos.
Se suman bases de datos de otras entidades públicas como el SRI. Además, alertas de la cooperación internacional. Italia, a través de la Guardia di Finanza, ha colaborado en investigaciones sobre flujos financieros sospechosos.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señala que las entidades financieras solo reportan operaciones inusuales. Pero no tienen conocimiento del destino final de esos reportes.
“La UAFE y la Fiscalía son las que determinan si un hecho es sujeto de investigación o no. Los reportes que realizan los bancos a las entidades de control, son de carácter reservado”, indica el gremio.
¿Cuánto dinero se lava en Ecuador?
Uno de los mayores problemas del debate público son las cifras.
En agosto de 2025, la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, afirmó que la economía criminal mueve 30.000 millones de dólares anuales, equivalente al 83 % del presupuesto nacional, que bordea los 36.000 millones.
No obstante, no existe evidencia que respalde esa cifra, y expertos la califican como desproporcionada.
Estudios académicos sitúan la economía criminal entre 2.200 y 4.000 millones de dólares anuales.
El Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) estimó que en 2021 se lavaron alrededor de 3.500 millones de dólares en el sistema financiero.
El 16 de enero de 2026, el director de la UAFE, José Julio Neira, afirmó en una entrevista que en 2025 se habrían reportado 1.577 millones de dólares, pero esa cifra no consta en informes oficiales ni en documentos verificables, según una revisión de Ecuador Chequea.
Esto ha generado cuestionamientos sobre la falta de acciones visibles, como congelamiento de cuentas, que según expertos solo se ha aplicado en episodios puntuales.
Human Rights Watch documentó que en septiembre de 2025, la UAFE congeló cuentas de organizaciones indígenas y ambientalistas, así como de sus miembros, en el contexto de protestas contra la eliminación de subsidios al diésel.
Vacíos estructurales y falta de coordinación
Alex Sierra, exdirector de la UAFE, advierte que cuando se intenta lavar activos, se busca disfrazar y alejar el origen del delito.
«El lavado de activos siempre parte de un delito precedente: corrupción, minería ilegal, defraudación fiscal, trata de personas o narcotráfico».
Para Roberto Andrade, abogado especializado en delitos económicos, el problema no es la ley, sino su aplicación.
“Mientras no haya una estrategia común entre UAFE, Fiscalía y superintendencias, nada se va a resolver”.
La experta Catalina Carpio advierte que existen vacíos en actividades virtuales, criptomonedas e influencers, donde el control estatal es mínimo.
«El crimen organizado está muy bien asesorado por profesionales que conocen exactamente el tema», asegura.
Carpio señala que la matriz de riesgos de la Superintendencia de Compañías se encuentra desactualizada.
Asimismo, cuestiona la efectividad de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, vigente desde 2021, ya que, pese a facultar al Estado a tomar posesión de bienes vinculados a delitos como narcotráfico, corrupción o lavado de activos, no ha producido sentencias hasta la fecha.
Advierte que las reformas legales introducidas posteriormente debilitaron el alcance de la extinción de dominio. Esto al exigir sentencia ejecutoriada en los casos de testaferrismo, una condición que termina favoreciendo a redes de corrupción y a los grupos de delincuencia organizada.
En ese contexto, sostiene que uno de los principales desafíos del Gobierno es impulsar una nueva reforma legal para aplicar a ese delito.
Finalmente, observa que la capacidad operativa de la UAFE se ve comprometida debido a que su dirección recae en una autoridad que concentra múltiples funciones dentro del Estado. Esto —según indica— dificulta un análisis financiero sostenido y especializado.
UAFE emite reglamento
La UAFE anunció el 31 de enero de 2026, que cuenta con el nuevo Reglamento para la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, tras la emisión del decreto ejecutivo 298.
La normativa crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos (CONCLAFT) y el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026-2030, basado en la Evaluación Nacional de Riesgos.
El reglamento refuerza límites al uso de efectivo y habilita medidas administrativas para inmovilizar fondos, además de fortalecer las obligaciones de bancos y sectores económicos en el análisis de operaciones inusuales.
Pero, para los expertos la pregunta es:
“¿Habrá la voluntad política para que esos mecanismos sean tajantes y efectivos para parar el lavado de activos en el Ecuador, que cada vez es más fuerte? Porque los mecanismos existen».
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