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Una denuncia de presunto acoso sexual en el Hospital del IESS de Chone involucra a un médico tratante y ha generado preocupación entre los familiares de la víctima y un visible descontento con la actuación judicial. El caso, reportado el 30 de enero, provocó la movilización de la Policía tras la queja presentada por una interna de medicina y destapó acusaciones de presiones políticas dentro del proceso legal.
Reacciones tras la denuncia de acoso
De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, el médico en cuestión habría utilizado lenguaje sexual explícito y amenazante hacia la estudiante, expresando frases de connotación sexual bajo un tono coloquial propio de la región. Este hecho llevó a que la Policía acudiera de inmediato al hospital, aunque el presunto agresor no fue trasladado a una celda de flagrancia.
El parte policial señala que el médico fue ingresado de urgencia por un cuadro de hipertensión arterial tras la llegada de las autoridades. Sin embargo, la familia cuestionó la situación, ya que aseguran que el implicado ya estaba bajo cuidado médico en la misma institución donde trabaja cuando los policías arribaron.
Familia denuncia presiones y suspicacias
Uno de los puntos más delicados señalados es la supuesta presión sobre la Fiscalía provincial. La madre de la interna de medicina afirmó haber presenciado cómo la fiscal de turno recibió llamadas de parte de altos funcionarios, quienes solicitaban detener el avance del caso. Según su testimonio, la fiscal respondió que debía actuar conforme a la ley y pidió al interlocutor no intervenir en el proceso judicial.
Además, la madre de la denunciante criticó la falta de acción del jefe inmediato de su hija en el hospital, argumentando que este habría intentado minimizar los hechos e instado a dejar el problema sin consecuencias.
Controversia en la audiencia judicial
Durante la audiencia telemática de flagrancia el debate se centró en la interpretación semántica del lenguaje empleado por el médico. Familiares de la estudiante denunciaron que la jueza Adriana Maldonado Castro puso en duda la connotación sexual de las expresiones, sugiriendo que podían entenderse como amenazas de agresión física, un argumento que, según alegan, restó gravedad a la agresión verbal sufrida por la joven.
Ante los cuestionamientos, la jueza, especialista en violencia intrafamiliar, expresó que su proceder se apega a las garantías constitucionales y no a impresiones personales. Remarcó que la independencia judicial se basa en la Constitución y en lo que reflejan los expedientes, y que el sistema judicial actual busca proteger a las víctimas garantizando un debido proceso.
Medidas adoptadas y expectativas
Aunque en la audiencia de flagrancia no se dictó prisión preventiva contra el médico denunciado, la jueza ordenó una serie de medidas:
- Protección integral para la interna de medicina con el fin de resguardar su seguridad durante el proceso.
- Inicio de la fase investigativa, en la que la Fiscalía deberá recabar pruebas periciales y testimoniales.
- Investigación administrativa interna en el hospital para determinar posibles sanciones laborales.
La familia de la interna solicitó que el procedimiento avance sin demoras y que las medidas de protección se implementen de manera estricta, para evitar que la situación se agrave o quede impune.
