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Julio Strassera no parecía un hombre destinado a protagonizar una página histórica. No tenía aura de héroe ni discurso grandilocuente. Sin embargo, un día aceptó una tarea que muchos consideraban imposible en Argentina: acusar a los jefes de la dictadura cuando el miedo todavía respiraba en cada oficina pública. A partir de entonces, su vida y la del país quedaron entrelazadas.
En 1985, la democracia argentina era joven y frágil. Apenas habían pasado dos años desde el fin del régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983. En ese contexto, el Juicio a las Juntas se convirtió en una apuesta arriesgada: llevar ante un tribunal civil a los comandantes de las tres primeras juntas militares, acusados de homicidio, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. Organismos de derechos humanos hablaban de 30.000 desaparecidos.
El sistema civil juzga a los militares
La Justicia Militar había evitado avanzar contra los exjerarcas. Entonces el caso recayó en Julio Strassera, un fiscal de carácter irónico y fama de imprevisible. Muchos dudaron. ¿Podría el sistema judicial juzgar a quienes habían ejercido el poder absoluto? ¿Resistiría la democracia la presión de los cuarteles?
Lejos de construir un equipo tradicional, Strassera optó por rodearse de jóvenes abogados recién graduados. Entre ellos estaba Luis Moreno Ocampo, su adjunto. Eran inexpertos, sí, pero también estaban libres de compromisos con el pasado. Trabajaban jornadas interminables revisando expedientes, ordenando testimonios y escuchando relatos que desgarraban.
Las audiencias comenzaron el 22 de abril de 1985 en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. En el banquillo se sentaron figuras que hasta hacía poco concentraban el poder del Estado. El proceso no tenía antecedentes cercanos, salvo los Juicios de Núremberg, en los que se juzgó a los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
Durante meses, sobrevivientes describieron centros clandestinos, secuestros nocturnos, torturas sistemáticas. Cada testimonio era una herida abierta. El país escuchaba, muchas veces por primera vez, el detalle del horror. Aún no se conocían plenamente crímenes como los “vuelos de la muerte”, pero el retrato que emergía era devastador.
El 9 de diciembre de 1985 llegó la sentencia. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola recibió 17 años; Armando Lambruschini, ocho; y Orlando Ramón Agosti, cuatro años y seis meses. Fueron absueltos Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo y Omar Graffigna.
Las condenas no satisficieron a todos. Con el tiempo, algunos responsables fueron indultados y luego volvieron a ser juzgados en nuevas causas por delitos de lesa humanidad. Pero el juicio de 1985 dejó una marca indeleble: por primera vez en la región, una democracia juzgaba en tribunales ordinarios a los responsables de una dictadura reciente.
El juicio llevado al cine
Décadas después, el director Santiago Mitre llevó esa historia al cine con Argentina, 1985. Con Ricardo Darín en el papel de Strassera y Peter Lanzani como Moreno Ocampo, la película equilibra la gravedad de los hechos con momentos de humor y humanidad. Mitre, cuya madre trabajó en la Justicia y conocía al fiscal, retrata a un Strassera irónico, excéntrico y profundamente consciente del peso que cargaba.
El alegato final quedó grabado en la memoria colectiva. Cuando Strassera cerró con el histórico “Señores jueces: Nunca más”, no hablaba solo a un tribunal. Interpelaba a una sociedad entera que necesitaba escuchar esas palabras para comenzar a sanar.
Aquel juicio no borró el dolor ni devolvió a los desaparecidos. Pero estableció un principio: el poder no está por encima de la ley. Y en un país que había conocido el terror desde el Estado, esa afirmación fue el primer paso hacia una memoria más firme y una democracia más consciente de sí misma.
