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La aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto para los Gobiernos locales no trajo la calma, sino que encendió la mecha de la oposición. Minutos después de la votación, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) lanzó un fuerte pronunciamiento oficial, calificando la normativa no como un avance administrativo, sino como un acto de “indolencia política” que ignora la realidad de las provincias.
Bajo la consigna “La autonomía no se negocia”, el movimiento denunció que el bloque oficialista (ADN) impuso el texto sin una socialización real con los territorios. Según la RC, al cerrar los oídos a los reclamos de alcaldes y prefectos, el Legislativo ha consumado un quiebre institucional que pone en jaque el modelo descentralizado del país.
El choque en el Pleno
Durante la sesión en Guayas —marcada por cruces verbales y tensiones—, legisladores como Diego Salas, Liliana Durán y Paola Cabezas lideraron el rechazo. El argumento de la bancada fue claro: el proyecto carece de sustento constitucional y su aplicación dañará irremediablemente el equilibrio del Estado.
Para el bloque opositor, el resultado de este 20 de febrero no es una derrota numérica, sino una señal de “abuso político” donde la mayoría de votos se impuso sobre la razón jurídica. Aseguran que sus observaciones técnicas fueron archivadas sin mayor análisis por parte del oficialismo.
La batalla se traslada a la Corte
El anuncio más pesado de la jornada fue la confirmación de acciones legales inmediatas. La Revolución Ciudadana presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. El objetivo es frenar lo que consideran un ataque al modelo de descentralización que los ecuatorianos han defendido en las urnas.
Los puntos clave del reclamo son:
- Rigidez presupuestaria: El tope del 30% para gasto corriente afectaría, según el bloque, la operatividad de programas sociales y servicios básicos cercanos a la gente.
- Centralismo encubierto: Denuncian que el Gobierno busca concentrar el poder asfixiando financieramente a los municipios que no le son afines.
- Falta de recursos: Argumentan que se delegan responsabilidades sin asegurar el flujo de capital necesario para cumplirlas.
Un conflicto de competencias
El fondo de la discusión radica en cómo se entiende la gestión local. Para la RC, etiquetar contrataciones técnicas esenciales como “gasto corriente” es una forma de paralizar a juntas parroquiales y prefecturas. Sostienen que no se puede medir la inversión en comunidades alejadas con la misma vara financiera que se usa en la capital, ignorando las particularidades de cada cantón.
Aunque el oficialismo vende la ley como una cura contra el despilfarro, la oposición insiste en que el trasfondo es político: debilitar el liderazgo territorial. Con la demanda en camino, la disputa sale de la Asamblea y entra en el terreno judicial. Mientras tanto, los alcaldes del país quedan en el limbo, intentando descifrar cómo cuadrar sus cuentas antes de que la nueva vigilancia estatal empiece a pasar factura.
