El Cerro Montecristi es un patrimonio natural que durante décadas ha protegido el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua de comunidades cercanas. Por ello, las denuncias de deslaves, daños en tuberías y afectaciones al ecosistema tras las intervenciones vinculadas a la instalación de un radar militar deben ser atendidas con seriedad y transparencia por parte del Estado.
También conviene reconocer una realidad que el país no puede ignorar. Ecuador enfrenta la presión creciente del narcotráfico y de redes criminales que utilizan el espacio aéreo para sus operaciones. En ese escenario, la presencia estratégica de las Fuerzas Armadas y el uso de tecnología de vigilancia no es un lujo, sino una herramienta necesaria para proteger la seguridad nacional.
La discusión responsable, entonces, no debe centrarse en eliminar la presencia militar en el cerro, sino en exigir que ésta se realice con planificación, controles ambientales rigurosos y coordinación con las autoridades locales.
Defender el territorio implica también defender la naturaleza. Por eso, el Estado debe establecer monitoreos permanentes, restaurar las zonas afectadas y garantizar que las comunidades mantengan acceso a sus fuentes de agua. Seguridad y conservación deben avanzar juntas. Solo así la defensa del país será firme, legítima y compatible con la protección de un cerro que pertenece a cada ecuatoriano.
