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Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, explicó este martes 17 de marzo que la renegociación de las concesiones viales responde a una resolución de la Contraloría General del Estado emitida en 2021. Esta disposición obliga a realizar un reajuste de equilibrio económico y financiero en los contratos. Por años no aplicaron los mecanismos previstos para cubrir déficits entre el costo de operación y mantenimiento de las vías y lo que pagan los usuarios en peajes.
En una entrevista para En Primera Plana, la prefecta señaló que al asumir el cargo encontró una deuda acumulada que debía atender. “Cuando un ciudadano paga el peaje ese valor no abastece para cubrir los costos de operación y esa diferencia la asumen las instituciones”, precisó. Además, indicó que el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, reconoció públicamente que todas las concesiones del país presentan este déficit.
La deuda acumulada que heredó Marcela Aguiñaga
La prefecta recordó que el ex prefecto Jimmy Jairala firmó dos reconocimientos de deuda por 160 millones de dólares, pero nunca los pagó ni ajustó las tarifas. En contraste, su administración revisó los modelos financieros y redujo la deuda reclamada por la concesionaria de 940 millones a 516 millones de dólares. La diferencia representa un ahorro significativo para la provincia.
Aguiñaga detalló que el contrato establece varias modalidades para cubrir la deuda: aumentar la tarifa de peaje, destinar recursos frescos de la prefectura o prorrogar el plazo de concesión. Su administración optó por extender los contratos hasta 2054, lo que permite pagar la deuda de manera articulada en 30 años. Esta decisión busca reducir el impacto directo en los usuarios.
Decisión técnica y legal que generó obras en ejecución
La prefecta defendió la medida como técnica y legal. “Parte de la negociación es poder hacer que la concesionaria ponga recursos frescos para la ampliación de las vías, y eso nos ha permitido que ese capital se vea en obras que ya están en ejecución”, afirmó. La administración de Marcela Aguiñaga también destacó que el Guayas es la única provincia que administra más de 610 kilómetros de red estatal a través de un privado, en un modelo similar a Panavial.
Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, cuestionó el 16 de marzo el manejo de las concesiones viales y denunció que el gobierno provincial tomó decisiones de alto impacto sin informar al ente rector. En una entrevista en Radio Centro, Luque advirtió que la ampliación de contratos por 30 años no llegó formalmente al ministerio, a pesar de tratarse de convenios con el Estado.
Roberto Luque contra Marcela Aguiñaga: la disputa por la información
“Nosotros venimos por lo menos dos años pidiendo información sobre eso y no se nos ha sido entregado”, señaló el ministro, quien pidió acceso a los modelos financieros en formato editable para revisar supuestos e hipótesis. Luque puso en duda las cifras difundidas y cuestionó que la reducción de la deuda a 516 millones de dólares se presente como un triunfo. La postura del ministro de Infraestructura y Transporte generó una reacción directa de la prefecta.
Marcela Aguiñaga respondió que la Contraloría es la entidad que fiscaliza las decisiones de la prefectura, no el ministerio. Aseguró que la documentación completa ya llegó a las instancias correspondientes y que incluso un delegado del MIT participó en las primeras mesas de negociación. “Que el ministro no esté debidamente informado no es mi culpa”, dijo, y sugirió que las críticas de Luque tienen un trasfondo político.
Acusaciones de uso electoral del tema vial
La prefecta acusó a Luque de utilizar el tema como estrategia electoral, al insinuar que el ministro busca lanzar su candidatura a la prefectura del Guayas en 2027. “Me parece bien que quiera ser candidato, lo que tiene que pelear es en una cancha con los árbitros adecuados, aquí se gana por la fuerza de los votos”, declaró. La declaración elevó el tono político de la controversia.
Asimismo, Aguiñaga recordó que las vías del Guayas no recibieron recursos de los últimos gobiernos nacionales. Su administración negoció por las 11 estaciones de peaje, que representan 300 millones de dólares.
Para finalizar, la prefecta subrayó que notificó a la Contraloría sobre las negociaciones desde 2024 y que la auditoría determinará si actuaron conforme a la ley. “El ministro ha dicho que hemos condonado deudas o multas de la concesionaria, eso está prohibido por la ley”, finalizó.
