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El Gobierno acatará el dictamen de la Corte Constitucional que declaró constitucional el toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lo confirmó la tarde del viernes 20 de marzo de 2026. “La decisión de la Corte es clara y se va a acatar desde el momento en que se publica la decisión”, afirmó Loffredo en declaraciones a los medios.
Garantía de movilidad para prensa y organismos
El secretario de Estado resaltó que se garantizará la circulación de periodistas y organizaciones internacionales durante el toque de queda.
“Los invito a los que quieran salir a acompañar a algún operativo o necesiten movilizarse para hacer una cobertura. Se les garantiza el derecho a su movilidad a partir del día de hoy”, indicó.
También se darán facilidades para las diligencias de Fiscalía y demás instituciones públicas.
Constitucionalidad con monitoreo obligatorio
La Corte Constitucional declaró el 19 de marzo la constitucionalidad del toque de queda nocturno (23h00 a 05h00) establecido mediante el Decreto Ejecutivo 329 del 13 de marzo.
Sin embargo, condicionó su validez al monitoreo de la Defensoría del Pueblo, al respeto de los derechos humanos y a la continuidad de servicios esenciales. Los jueces ordenaron que la medida no afecte la libertad de expresión ni el trabajo de la prensa, considerada vital para la ciudadanía.
Objetivo de seguridad y resultados preliminares
La restricción busca facilitar operativos contra grupos armados organizados y forma parte de una nueva fase de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa. Hasta el 20 de marzo se registraron 625 detenciones, la mayoría por violar la medida, y la captura de al menos tres objetivos de alto valor. Además se destruyeron caletas, guaridas y pistas de aterrizaje clandestinas vinculadas al narcotráfico.
La Corte consideró que el impacto en la libertad de tránsito “no es desproporcional” frente a los beneficios en seguridad. “De concretarse lo que se busca con el toque de queda, la población tendría beneficios concretos en materia de seguridad y, en el camino, estaría expuesta a riesgos reducidos”, señaló el dictamen.
La constitucionalidad queda condicionada a la supervisión de la Defensoría del Pueblo y al respeto del debido proceso en todas las actuaciones de la fuerza pública.
Facilidades operativas y continuidad de servicios
Loffredo explicó que se buscará viabilizar las operaciones sin afectar la restricción. “La idea era limitar un poco la movilización para precisamente estrangular el movimiento de los grupos armados organizados mientras estamos haciendo las operaciones”, precisó. El toque de queda rige hasta el 31 de marzo y solo permitía circulación de policías, militares y personal sanitario de emergencia hasta el dictamen.
El ministro de Defensa pidió colaboración ciudadana para continuar las acciones. Destacó operativos contra minería ilegal y destrucción de infraestructura criminal, muchos de ellos concatenados con las estructuras que operan en las cuatro provincias. La Corte aclaró que las Fuerzas Armadas no han sido activadas como apoyo complementario, por lo que su participación durante el toque de queda estará sujeta al procedimiento constitucional correspondiente.
