La madrugada del 24 de marzo de 1976, Argentina fue secuestrada por dentro. Bajo el nombre de ‘Proceso de Reorganización Nacional’, una junta militar liderada por Jorge Rafael Videla instauró una maquinaria de terror sistemática que utilizó la desaparición forzada como arma política, suspendiendo al país en un limbo de violencia y silencio que duraría siete años.”
Argentina ya conocía los golpes de Estado. Desde 1930, la democracia había sido interrumpida tantas veces que la idea de un “orden impuesto” por los militares no resultaba ajena. En ciertos sectores, incluso, se aceptaba como una pausa necesaria. Pero esta vez no sería igual. Esta vez, el país no sería solamente intervenido: sería quebrado por dentro.
La junta militar —integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti— no llegó solo con uniformes. Llegó con un plan. Lo llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”, un nombre que sonaba administrativo, casi técnico. Pero lo que escondía era la reorganización del miedo.
El contexto del caos
Para entender ese amanecer, hay que retroceder unos años. La Argentina de los setenta era un hervidero. La Guerra Fría atravesaba cada discusión y la Revolución Cubana había encendido imaginarios en toda América Latina. En las universidades, las fábricas y los barrios, la política se vivía con intensidad. Organizaciones como el ERP y Montoneros apostaban por la lucha armada, convencidos de que el cambio no vendría por las urnas.
La violencia escaló rápido: secuestros, atentados, ejecuciones. El asesinato del exdictador Pedro Eugenio Aramburu, en 1970, marcó una ruptura; ya no había retorno a la calma anterior. Cuando Juan Domingo Perón regresó al poder en 1973, muchos creyeron que podría ordenar el caos, pero la tregua duró poco. Las divisiones internas del peronismo se volvieron irreconciliables.
Tras la muerte de Perón en 1974, su esposa Isabel quedó al frente de un país que se desmoronaba. A su alrededor, figuras como José López Rega consolidaban estructuras parapoliciales como la Triple A, que ya practicaban el terror selectivo. Para cuando los militares decidieron intervenir, la violencia ya era parte del paisaje, pero lo que vendría superaría cualquier antecedente.
La tecnología del terror
El golpe fue rápido y sin resistencia visible, pero su verdadero despliegue comenzó después, en la sombra. La represión no fue improvisada; fue sistemática, metódica y fría. Más de 350 centros clandestinos de detención funcionaron en todo el país. Lugares sin nombre oficial, pero con historias que se repiten: la ESMA, el Club Atlético, La Perla. Sitios donde el tiempo se suspendía y la identidad se deshacía.
Allí, los secuestrados eran reducidos a números, apodos y silencios. Eran torturados para obtener información que muchas veces ya no importaba. Lo esencial era quebrar la voluntad y destruir cualquier forma de resistencia.
El método central fue la desaparición forzada: no dejar rastros, no entregar cuerpos, no permitir el duelo. Videla lo definió con una frase que condensaba la lógica del régimen: el desaparecido era una “incógnita”. Ni vivo ni muerto; un ser suspendido en un limbo que también atrapaba a sus familias.
Los “vuelos de la muerte” fueron la expresión más brutal de ese mecanismo. Personas drogadas, subidas a aviones y arrojadas al mar o al Río de la Plata. Sin testigos, sin tumbas.
Economía y complicidad
Pero la violencia no era solo física; también era económica. Mientras el terror se desplegaba en la clandestinidad, José Alfredo Martínez de Hoz impulsaba un modelo que abría la economía, desmantelaba la industria nacional y debilitaba a los sindicatos. La represión facilitaba el proceso: sin protestas, sin huelgas, sin voces.
Se instaló la lógica de la “plata dulce”: ganancias rápidas, especulación financiera y endeudamiento creciente. Para muchos, una ilusión de prosperidad; para otros, el inicio de una caída silenciosa. Al final de la dictadura, la deuda externa se había disparado y el tejido productivo estaba profundamente dañado.
Nada de esto habría sido posible sin complicidades. Sectores empresariales apoyaron el modelo y parte de la cúpula de la Iglesia Católica legitimó el discurso del “enemigo interno”. Hubo excepciones, como el obispo Enrique Angelelli, asesinado por denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero la estructura institucional, en gran medida, eligió el silencio.
La resistencia de los pañuelos
La censura completaba el cuadro: libros prohibidos, canciones vetadas e ideas perseguidas. El control buscaba moldear la realidad. En la calle, la frase “algo habrá hecho” empezó a circular como una defensa colectiva. Pensar de otro modo implicaba aceptar que cualquiera podía ser el próximo.
Y, sin embargo, hubo quienes no aceptaron. En 1977, un grupo de mujeres comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo. Buscaban a sus hijos. Caminaban en círculos porque la policía no permitía detenerse. Llevaban pañuelos blancos en la cabeza y repetían una pregunta devastadora: ¿Dónde están?
Eran las Madres. Poco después, las Abuelas sumarían otra búsqueda: la de los nietos nacidos en cautiverio, apropiados y criados con identidades falsas.
El fin de la noche
Hacia 1981, el desgaste era evidente: crisis económica y disputas internas. En ese contexto, Leopoldo Galtieri apostó a una jugada desesperada: la recuperación de las Islas Malvinas. Tras la derrota frente al Reino Unido, el régimen perdió su último sostén.
En 1983, las urnas regresaron y Raúl Alfonsín ganó con una promesa clara: Nunca más. La democracia abrió el camino para enfrentar el horror. El Juicio a las Juntas en 1985 fue un hecho inédito donde, por primera vez, un tribunal civil juzgó a los responsables.
Hoy, Argentina sigue buscando. Nietos que recuperan su identidad e historias que vuelven a contarse. Porque la dictadura no solo dejó víctimas; dejó preguntas y una certeza que se repite como un compromiso: Memoria, Verdad y Justicia. (10).
