El servicio de taxi será sometido a un estudio técnico que analizará la demanda para determinar si es necesario incrementar el número de unidades en la ciudad.
En paralelo, el gremio ha solicitado la revisión de tarifas, mientras que la implementación de taxímetros digitales se mantiene en evaluación.
Actualmente, en Cuenca operan 3.612 taxis. Sin embargo, el crecimiento poblacional —que según el INEC alcanzó los 596.101 habitantes en 2022— y el aumento del parque automotor han generado nuevas dinámicas de movilidad.
A esto se suman dificultades para conseguir unidades en horas pico o durante condiciones climáticas adversas, lo que ha motivado el inicio de este análisis.
El director de Movilidad, Pablo Carvallo, explicó que el estudio se realizará mediante una consultoría y que tomará entre cuatro y cinco meses.
“El lanzamiento del proceso será en las próximas semanas. Entre la etapa precontractual y la ejecución, estimamos que en unos cuatro o cinco meses tendremos los resultados que determinen si se requiere o no ampliar la flota”, indicó.
De acuerdo con el concejal Gustavo Valencia, presidente de la Comisión de Movilidad, Tránsito y Transporte, este tipo de análisis responde a una obligación normativa.
“La ley manda revisar periódicamente si las necesidades del servicio están cubiertas. El estudio permitirá saber esto con precisión”, señaló.
En caso de que se determine la necesidad de nuevos cupos, la Comisión de Movilidad deberá establecer los requisitos y mecanismos para su asignación.
Tarifas
El estudio está ligado a un reclamo del gremio, que es la revisión de tarifas. Patricio Padilla, presidente del Frente Unido de Taxistas del Azuay, indicó que los costos las actuales se establecieron en 2014 y no han sido revisadas desde entonces.
“La normativa establece que cada dos años debe hacerse una revisión, no necesariamente un incremento, sino un análisis técnico en función de la inflación, la canasta automotriz y la demanda del servicio. Pero en estos 14 años no se ha aplicado”, afirmó.
Padilla sostiene que el sector ha enfrentado un incremento de costos, entre ellos, el combustible, repuestos, mantenimiento y otros insumos gravados con un IVA que subió del 12% al 15%.
A esto se suma la pérdida de ingresos por servicios de encomiendas, que —según el dirigente— han disminuido en alrededor del 40 % desde la pandemia, debido a la expansión de plataformas de delivery.
“Más allá de un incremento, lo que pedimos es que se haga el estudio técnico y que se respete su resultado. Necesitamos equilibrio económico para seguir prestando el servicio”, indicó.
Denuncias
Sobre las denuncias que se reciben, Lenin Guzmán, gerente general de la EMOV EP ha indicado que suman, en promedio, siete denuncias semanales relacionadas con presuntas alteraciones en los taxímetros.
Explicó que los casos se remiten a la Fiscalía General para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Cuando se comprueba una irregularidad, la normativa contempla sanciones económicas equivalentes al 15 % del salario básico unificado. Además, la apertura de un expediente administrativo contra la operadora a la que pertenece el vehículo.
En este sentido, otro aspecto en discusión es la migración a taxímetros digitales. Actualmente no es obligatoria y los dispositivos vigentes están homologados y controlados en la revisión técnica vehicular. Aunque algunos han superado su vida útil, reciben mantenimiento continuo.
El estudio técnico será determinante para definir medidas que influirán tanto en los conductores como en los usuarios. (PNH)-(I)
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