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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) activó este sábado una búsqueda internacional contra un ciudadano ecuatoriano, oriundo de Loja. La agencia estadounidense acusa al sospechoso de grabar ilegalmente a una menor de edad y almacenar material explícito en dispositivos personales.
El organismo federal ICE emitió una alerta pública de “se busca” contra el sujeto acusado de graves delitos contra la infancia. Por consiguiente, las autoridades de Estados Unidos difundieron la identidad del implicado a través de sus canales oficiales para lograr su captura.
De esta manera, se busca procesar a Antonio Feliciano G. P. por supuestamente grabar contenido explícito de una menor de edad. El reporte indica que el sospechoso almacenaba múltiples videos de carácter secreto en un dispositivo personal digital ubicado en su vivienda.
Estrategia operativa y contexto político
Bajo la actual administración de Donald Trump, reelegido en 2024, la agencia federal ha incrementado notablemente su visibilidad pública y operativa. Además, el organismo amplió su presupuesto para ejecutar deportaciones masivas y redadas en espacios públicos, lo que genera constantes controversias internacionales. Por esta razón, el ICE destina ahora mayores recursos económicos a la persecución de criminales y delitos migratorios fuera de sus fronteras.
No obstante, la difusión de estas alertas internacionales busca localizar sospechosos que mantienen posibles conexiones delictivas con el territorio estadounidense directamente. La entidad adscrita al Departamento de Seguridad Nacional prioriza la investigación de evidencias digitales que cruzan los límites geográficos de ambos países.
Antecedentes y situación en Loja
Una revisión exhaustiva de los sistemas judiciales nacionales no evidencia procesos penales abiertos contra el ciudadano Antonio Feliciano G. P. actualmente. De igual forma, el registro oficial de la Fiscalía General del Estado no muestra denuncias relacionadas con delitos sexuales en su contra
Según se informó, el implicado mantiene un historial limpio en el ámbito criminal dentro de las bases de datos del Ecuador. Resulta fundamental señalar que el sistema SATJE únicamente reporta un proceso civil vinculado a una antigua disolución matrimonial del año 2013. Esta ausencia de registros locales contrasta con la gravedad de la alerta emitida por el servicio de inmigración de los Estados Unidos.
Específicamente, el registro judicial ecuatoriano detalla una sentencia de divorcio emitida por la Unidad Judicial de la Familia en la ciudad de Loja. Aquella resolución dispuso que la custodia de la entonces hija menor de edad quedara bajo la responsabilidad legal de la madre. Por consiguiente, no existen reportes de comportamiento violento registrados formalmente ante los jueces de la provincia durante los últimos diez años.
El anuncio del ICE coloca al ciudadano bajo el radar internacional de forma inmediata por el presunto delito cometido. Las autoridades ecuatorianas deberán ahora verificar la información proporcionada por los canales oficiales estadounidenses para proceder legalmente.
