El Congreso de la República de Perú aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral, con 122 votos a favor de un total de 130 legisladores, durante una sesión extraordinaria realizada el 9 de octubre de 2025 en Lima.
La medida, impulsada por cuatro mociones presentadas por diversas bancadas, responde a la percepción de insuficiente gestión frente al auge del crimen organizado y la inseguridad ciudadana, que han generado protestas y demandas de cambio en el Ejecutivo. La votación superó ampliamente el umbral constitucional de 87 votos requeridos para declarar la vacancia, según el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Boluarte, quien no acudió al hemiciclo pese a la citación para defenderse, asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras el intento de autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo. Su mandato, que duró dos años y diez meses, concluyó de inmediato, dejando al país con un nuevo líder interino hasta las elecciones generales convocadas para abril de 2026.
Detalles de la votación y el proceso de vacancia
Las cuatro mociones de vacancia fueron admitidas a debate por el Pleno del Congreso con 118 votos a favor, en una sesión que inició en la tarde del 9 de octubre y se extendió hasta la madrugada del 10.
Las propuestas, sustentadas en presuntos actos de corrupción, abandono de cargo y falta de liderazgo contra la delincuencia, contaron con el respaldo de bancadas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Estos grupos, que previamente habían sostenido a Boluarte en el poder, retiraron su apoyo ante la presión social por la ola de extorsiones, asesinatos y atentados recientes. El detonante inmediato incluyó el ataque armado durante un concierto de la banda de cumbia Agua Marina en el distrito de Chorrillos, Lima, donde cuatro miembros resultaron heridos por disparos. Este incidente, ocurrido días antes, exacerbó las críticas al gobierno por su respuesta ineficaz a la criminalidad, que ha registrado un aumento del 30% en denuncias de extorsión en los últimos meses, según datos del Ministerio del Interior.
La ausencia de Boluarte en la defensa se interpretó por legisladores como una falta de respeto al Parlamento, acelerando el proceso exprés permitido por el Reglamento del Congreso. La resolución de vacancia, publicada en el Diario Oficial El Peruano en las horas siguientes, formalizó la declaración de incapacidad moral permanente de Boluarte para ejercer el cargo. Encuestas recientes, como la de Datum International, registraban su aprobación en 3%, el nivel más bajo en la historia reciente de presidentes peruanos, influido por las muertes en protestas de 2022-2023 y investigaciones por presunta corrupción en su administración.
Asunción de José Jerí Oré como presidente interino
Conforme al artículo 115 de la Constitución, ante la vacancia y la ausencia de vicepresidentes, el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, de 38 años y militante de Somos Perú, asumió la jefatura del Estado de manera inmediata. Juramentado a la 1:00 a.m. del 10 de octubre por el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, Jerí recibió la banda presidencial en el hemiciclo legislativo. Este es el séptimo presidente en nueve años en Perú, destacando la volatilidad política del país desde 2016. Jerí, quien ocupa la presidencia del Congreso desde julio de 2025, ingresó al Parlamento en 2021 como suplente de Martín Vizcarra.
En su discurso inaugural, enfatizó la necesidad de un “gobierno de transición, de empatía y reconciliación nacional de amplia base”, comprometiéndose a construir acuerdos mínimos con todos los sectores. Declaró que las bandas criminales son “el principal enemigo” y prometió “declararles la guerra” mediante medidas contra la delincuencia organizada. Su gestión interina se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, fecha de cierre del actual periodo legislativo, priorizando la estabilidad hasta las elecciones.
Contexto histórico de la inestabilidad en Perú
Perú ha experimentado una sucesión acelerada de líderes ejecutivos en la última década, con vacancias, renuncias y disoluciones que han erosionado la confianza institucional. Boluarte, nacida en Chalhuanca y primera mujer en el cargo, sucedió a Castillo tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, un acto calificado como inconstitucional. Su alianza inicial con bancadas de derecha permitió avanzar reformas, pero la escalada de violencia urbana, incluyendo paralizaciones de transporte por extorsiones, precipitó el quiebre. El nuevo gobierno de Jerí enfrenta retos inmediatos, como la convocatoria a elecciones generales en abril de 2026, anunciada previamente por Boluarte para restaurar la normalidad democrática.
Organizaciones internacionales, como la OEA, han monitoreado el proceso, destacando la importancia de la continuidad institucional en un contexto de bajo crecimiento económico y alta polarización. La transición busca mitigar la incertidumbre social, con llamados a la unidad desde diversos actores políticos. En su declaración post-vacancia, Boluarte invocó la unidad y resaltó avances en estabilidad democrática, aunque su mensaje se interrumpió por la cobertura de la juramentación de Jerí. El foco ahora recae en las acciones iniciales del interino para abordar la inseguridad, un tema clave en las búsquedas relacionadas con “crimen organizado en Perú” y “elecciones presidenciales 2026”.
