La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial un impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte por un período de hasta 36 meses. Esto en el marco de investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos y negociación incompatible con el cargo público. La medida busca garantizar su presencia en el proceso penal y prevenir una posible fuga, tras la destitución de Boluarte por el Congreso Nacional la madrugada del mismo día.
Tomás Gálvez, fiscal interino, anunció el pedido poco después de que el Parlamento aprobara la moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”. Aquello se logró con el 70% de los votos. Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de 63 años, asumió la Presidencia de Perú el 7 de diciembre de 2022. Se dio tras la destitución y detención del entonces mandatario Pedro Castillo por intento de autogolpe.
Dina Boluarte tiene dos investigaciones en su contra
Su gobierno enfrentó una ola de protestas que demandaban elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Todo aquello desencadenó 49 muertes durante la represión policial y militar entre finales de 2022 e inicios de 2023. Estas acciones derivaron en múltiples denuncias penales contra Boluarte por presuntos delitos de homicidio calificado. También lesiones graves y genocidio por omisión, según informes de la Defensoría del Pueblo.
La solicitud de impedimento de salida del país se centra en dos investigaciones principales abiertas por la Fiscalía. La primera, por lavado de activos, vincula a Boluarte con el esquema criminal “Los Dinámicos del Centro”. Se trata de una red de narcotráfico y corrupción en el departamento de Junín. Según la fiscalía, ella habría recibido activos ilícitos, incluyendo relojes de lujo y joyas valoradas en miles de dólares, a cambio de favores administrativos.
Comunicaciones y testimonios de exfuncionarios
El fiscal Ángel Astocondor detalló que estos bienes podrían provenir de transferencias del exgobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. También del médico José Luis Herrera, quien habría realizado cirugías estéticas a Boluarte a cambio de designaciones en el Seguro Social de Salud (EsSalud). La segunda pesquisa, por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Allí se acusa a Boluarte de haber influido en la asignación de fondos públicos para obras millonarias en regiones aledañas, en beneficio de aliados políticos. La Fiscalía amplió recientemente esta carpeta al delito de cohecho pasivo impropio, basado en evidencias de comunicaciones interceptadas y testimonios de exfuncionarios. En total, Boluarte acumula al menos once investigaciones fiscales, incluyendo violaciones a los derechos humanos.
En Perú se ha registrado un aumento del 30% en homicidios
El pedido se formalizó ante un juzgado de Lima, que programará una audiencia en las próximas horas para que el fiscal sustente la medida y la defensa de Boluarte pueda oponerse. El abogado de la expresidenta, Juan Carlos Portugal, confirmó que ella se encuentra en su residencia en el distrito limeño de Surco y descartó rumores de asilo en embajadas de Brasil o Ecuador. “Ella permanece en su país y colaborará con la justicia“, declaró Portugal en redes sociales.
La destitución de Boluarte, aprobada en una sesión relámpago iniciada la noche del jueves, responde a la escalada de inseguridad en Perú. En dicho país se ha registrado un aumento del 30% en homicidios ligados al crimen organizado en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El Congreso, dominado por bancadas conservadoras que previamente apoyaban a la mandataria, cambió de postura ante presiones sociales y la crisis política.
Índice de percepción de corrupción de 33/100
En su reemplazo, asumió el presidente del Parlamento, José Jerí Oré, quien prometió “estabilidad institucional” y reformas anticorrupción en su primer discurso. Este caso ilustra la inestabilidad crónica de la política peruana, marcada por seis presidentes en ocho años. También registra un índice de percepción de corrupción de 33/100 en el informe de Transparencia Internacional de 2024.
La medida contra Boluarte podría sentar precedentes en la contabilidad de altos funcionarios, en un contexto donde el 60% de los peruanos rechaza la gestión de su gobierno, de acuerdo con encuestas de Ipsos. El Poder Judicial evaluará la solicitud en un plazo de 48 horas, mientras el nuevo Ejecutivo anuncia medidas de emergencia contra la delincuencia.
