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El ministro del Interior, John Reimberg, participó este 19 de febrero en una sesión de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. La reunión se realizó en la Gobernación del Guayas, para exponer sobre el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional.
Durante su intervención, John Reimberg describió el sistema penitenciario ecuatoriano como “el corazón operativo de la criminalidad organizada”, argumentando que ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en un eje central de amenazas a la seguridad.
De acuerdo con el portal Primicias, el objetivo de la reforma es proporcionar herramientas jurídicas al Estado para profesionalizar el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, ampliar el régimen disciplinario y facilitar depuraciones internas, en respuesta a limitaciones normativas actuales que impiden acciones efectivas contra la corrupción y la infiltración criminal.
Defiende el proyecto
John Reimberg defendió que el proyecto incluye ejes clave como la creación de un Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la ampliación del catálogo de faltas muy graves de 10 a 64 causales, y la incorporación excepcional de policías en servicio pasivo al sistema penitenciario, eliminando el descuento del 40% en su pensión mientras presten funciones.
Afirmó que estas medidas permitirán depuraciones que “por años y décadas no se han hecho dentro del SNAI“, ya que los reglamentos de carrera actuales limitan la salida de funcionarios involucrados en irregularidades.
Intervenciones y cuestionamientos de asambleístas
La asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, cuestionó la necesidad de nuevas reformas, señalando que la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal ya incluyen mecanismos para la clasificación de personas privadas de libertad y procesos de depuración. Preguntó por qué estas disposiciones no se han aplicado plenamente y enfatizó que, más allá de herramientas jurídicas, se requieren políticas públicas y recursos para combatir la corrupción en el sistema penitenciario y la Policía Nacional.
En respuesta, Reimberg insistió en la indispensabilidad de la reforma para ejecutar depuraciones concretas. Asimismo, argumentó que decisiones judiciales han restituido a uniformados separados por corrupción y que los reglamentos del SNAI restringen acciones administrativas. Tras esta intervención, la presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, dio por concluida la participación del ministro, quien se retiró de la sala.
Reclamos por cierre anticipado de intervención
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, intentó intervenir después, pero la sesión ya había cerrado la participación de Reimberg. Noriega expresó su inconformidad en la sala, cuestionando la falta de oportunidad para formular preguntas adicionales sobre la crisis sanitaria en los centros de privación de libertad. Se incluye casos de tuberculosis y mecanismos de depuración en el sistema penitenciario y fuerzas de seguridad. Posteriormente, se retiró de la sesión.
Fuera de la sala, Noriega reiteró su reclamo, destacando la necesidad de abordar temas como la salud de los reclusos y la efectividad de las depuraciones. Esta situación resalta tensiones en el proceso legislativo, donde el tiempo asignado para intervenciones de autoridades puede limitar el debate integral.
Observaciones de instituciones invitadas
Representantes de la Defensoría del Pueblo y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también intervinieron con observaciones técnicas al articulado del proyecto. El secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, indicó que la regulación debe equilibrar seguridad, gobernanza institucional clara, control civil y garantía de derechos.
Recomendó evitar microgestión administrativa, asegurar jerarquía ministerial en rectoría de políticas públicas y mantener coordinación interinstitucional amplia. Varela propuso ubicar los principios de progresividad y necesidad en el uso de la fuerza en el núcleo de principios generales de la ley, en lugar de menciones aisladas.
Por su parte, el delegado del CNI señaló que la Unidad de Inteligencia Penitenciaria debe reconocerse como parte del Sistema Nacional de Inteligencia y que sus informes técnicos no deberían ser vinculantes en procesos de clasificación o determinación de peligrosidad. El delegado del CNI también planteó extender las prohibiciones de ingreso al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria más allá de sentencias condenatorias ejecutoriadas, considerando etapas procesales previas.
