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Un día antes del feriado de Semana Santa, el Gobierno nacional dispuso un nuevo estado de excepción en varias zonas del país.
El presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo 353 este jueves 2 de abril de 2026, mediante el cual se establece un estado de excepción en nueve provincias y cuatro cantones, como respuesta a una situación calificada oficialmente como “grave conmoción interna”.
La disposición tendrá una vigencia de 60 días y no se aplicará a escala nacional, sino únicamente en territorios considerados prioritarios por sus niveles de violencia.
A diferencia de otras declaratorias, en esta ocasión no se incluyó toque de queda, por lo que la movilidad de los ciudadanos no se verá restringida.
Áreas bajo intervención estatal
Las provincias donde rige la medida son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
A estas se suman los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves y Echeandía, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
Según el decreto, la focalización responde a indicadores de seguridad que evidencian mayor presencia de estructuras vinculadas al crimen organizado.
Entre las disposiciones adoptadas, se establece la suspensión de dos derechos constitucionales: la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia.
Esto permite a las autoridades ejecutar allanamientos sin orden judicial previa, siempre que existan elementos objetivos que vinculen los inmuebles con actividades ilícitas.
Facultades excepcionales y antecedentes
Asimismo, la restricción sobre la correspondencia habilita la intervención de comunicaciones de manera excepcional, cuando se considere necesario para prevenir riesgos inminentes relacionados con grupos delictivos.
El decreto también contempla la posibilidad de aplicar requisiciones como medida extraordinaria. Esta figura autoriza el uso temporal de bienes y servicios privados, como vehículos o equipos, para fortalecer la logística de las fuerzas del orden en situaciones específicas.
En los últimos años, Ecuador ha recurrido en varias ocasiones a estados de excepción como mecanismo para enfrentar la escalada de violencia en determinadas zonas.
