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Daniel Noboa, Presidente de la República, suscribió el Decreto Ejecutivo No. 353 el 2 de abril. Esta nueva disposición legal establece un estado de excepción por grave conmoción interna en puntos estratégicos del país. Lo que más llama la atención de los ciudadanos es que no se menciona un toque de queda obligatorio para la población en general . El documento oficial detalla que esta declaratoria tendrá una vigencia de sesenta días en los territorios seleccionados.
Las zonas bajo esta medida incluyen las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Adicionalmente, el decreto abarca los cantones de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. Pese a la militarización, la ausencia de un toque de queda permite que las actividades comerciales y turísticas continúen su desarrollo . La decisión se basa en informes de inteligencia que alertan sobre una violencia armada estructural y persistente.
Alcance de las medidas excepcionales
Entre las facultades extraordinarias, el mandatario dispuso la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en las jurisdicciones mencionadas. Esta acción busca facilitar que la fuerza pública realice allanamientos inmediatos sin necesidad de una orden judicial previa. Sin embargo, la libertad de circulación no ha sido limitada por un toque de queda, permitiendo la movilidad en este periodo . El objetivo principal es localizar a integrantes de estructuras criminales y neutralizar amenazas inminentes.
El decreto también contempla la suspensión de la inviolabilidad de correspondencia para interceptar información estrictamente pertinente. Esta medida excepcional se aplicará caso por caso mediante un informe motivado del órgano técnico competente. Aunque se incrementan los controles de seguridad, no se ha impuesto un toque de queda que restrinja el tránsito en las carreteras . Las autoridades deben observar siempre los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sus actuaciones.
Intervención de las Fuerzas Armadas
La disposición gubernamental ordena el empleo e intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Ambas instituciones deberán trabajar conjuntamente para precautelar la protección interna y el mantenimiento del orden público. La población podrá notar una mayor presencia militar, pero sin las restricciones horarias propias de un toque de queda . Esta colaboración busca prevenir cualquier actividad delincuencial que afecte los derechos y libertades ciudadanas.
El informe del Centro Nacional de Inteligencia destaca que la violencia se focaliza en regiones específicas del territorio nacional. Durante el mes de marzo se registraron incidentes graves como homicidios múltiples y atentados con artefactos explosivos. Ante este escenario, el gobierno optó por medidas operativas quirúrgicas en lugar de un toque de queda que afecte la economía . Las fuerzas del orden están autorizadas para utilizar la fuerza de manera excepcional y complementaria.
Requisiciones y recursos logísticos
Una de las medidas más contundentes es la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito. Esta herramienta se considera un último recurso para garantizar la continuidad de las operaciones de la fuerza pública. A diferencia de lo que ocurre bajo un toque de queda, esta medida afecta principalmente a recursos logísticos necesarios. Las autoridades responsables deben asegurar la devolución de los bienes no fungibles una vez finalizada la necesidad.
El Estado garantiza que toda requisición será compensada con una indemnización equivalente al justo valor del servicio prestado. Se aplicará exclusivamente en casos de extrema necesidad y bajo la responsabilidad de las autoridades competentes. La ciudadanía puede estar tranquila respecto a sus planes de viaje, ya que el toque de queda no figura en el listado de restricciones de este documento . El Decreto 353 busca restablecer la seguridad ciudadana sin paralizar el normal funcionamiento del país.
Contexto de seguridad nacional
Los fundamentos de hecho del decreto mencionan que la delincuencia organizada ha consolidado poder económico y territorial en varias provincias. El Ministerio del Interior reportó actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas. A pesar de la gravedad de estos reportes, el ejecutivo evitó implementar un toque de queda para no perjudicar el próximo feriado de Semana Santa . Se busca que los operativos sean de precisión contra los grupos armados organizados plenamente identificados.
En Guayas, las emergencias relacionadas con muertes violentas representan un porcentaje significativo del total nacional. Por su parte, en provincias como El Oro, se han registrado numerosos ataques con artefactos explosivos en locales comerciales. La implementación de este estado de excepción sin un toque de queda prioriza la inteligencia y la reacción inmediata. El Ministerio de Defensa Nacional también recomendó la medida como un vínculo funcional con la dinámica operacional de la amenaza.
Vigilancia y control territorial
La Policía Nacional ha identificado la presencia de al menos trece organizaciones criminales que operan en los sectores priorizados. Grupos como los Lobos, Choneros y Tiguerones mantienen disputas constantes por el control de rutas estratégicas. Los operativos continuarán de forma ininterrumpida durante las 24 horas, ya que no existe un toque de queda que limite el accionar de la fuerza pública . Se ha detectado incluso el reclutamiento de menores de edad para actividades de microtráfico y sicariato.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 coordinó cerca de doscientas mil emergencias durante el último mes de marzo. La mayoría de estas alertas correspondieron al área de seguridad ciudadana, lo que justifica la intervención extraordinaria del Estado. Al no existir un toque de queda, el monitoreo de cámaras de videovigilancia será fundamental para el seguimiento de los operativos. El gobierno nacional busca con este decreto recuperar la paz y la convivencia normal de la ciudadanía.
Notificaciones y vigencia legal
El Decreto Ejecutivo No. 353 entrará en vigencia de forma inmediata a partir de su suscripción. El Presidente Noboa ordenó notificar esta decisión a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional del Ecuador. Esta transparencia legal asegura que el estado de excepción, sin toque de queda, cumpla con los parámetros internacionales de derechos humanos. También se informará a organismos internacionales como la ONU y la OEA sobre el alcance de estas medidas.
La ejecución del decreto está a cargo de los ministerios de Defensa e Interior, junto con la cúpula militar y policial. Se espera que las acciones desplegadas en estos sesenta días logren desarticular las redes logísticas del crimen organizado. La población debe mantenerse informada por canales oficiales, recordando que el toque de queda no ha sido decretado para este feriado .
