La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este miércoles 3 de septiembre de 2025 la reconstrucción del penal El Frontón, una cárcel ubicada en una isla frente a Lima, con capacidad para 2.000 reos de alta peligrosidad. La decisión busca mejorar la seguridad ciudadana y reducir el hacinamiento carcelario, según informó la mandataria durante la firma del contrato oficial para la construcción.
Un penal con historia violenta
El Frontón, una isla de poco más de dos hectáreas ubicada a cuatro kilómetros del litoral limeño, fue escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia penitenciaria del país. En junio de 1986, durante la presidencia de Alan García, se produjo un motín protagonizado por miembros del grupo maoísta Sendero Luminoso, que culminó con la muerte de 133 internos, tras una intervención militar.
Desde entonces, las instalaciones quedaron en ruinas y la isla dejó de ser utilizada como centro penitenciario. Ahora, casi 40 años después, el gobierno peruano retoma este espacio para convertirlo nuevamente en una prisión de máxima seguridad.
Nuevo penal para combatir el crimen organizado
Según el anuncio oficial, el nuevo penal tendrá un régimen cerrado especial, destinado exclusivamente a delincuentes de alta peligrosidad. La obra tendrá una inversión de 174 millones de dólares y su inauguración está prevista para junio de 2026, un mes antes de que Boluarte culmine su mandato.
“Con la construcción de este nuevo penal aseguraremos que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo”, declaró Boluarte desde el Palacio de Gobierno.
El establecimiento contará con acceso completamente restringido, lo que, según las autoridades, permitirá interrumpir las operaciones del crimen organizado que se gestan desde varias cárceles del país.
El reto del hacinamiento carcelario en Perú
Actualmente, Perú cuenta con 68 cárceles, donde están recluidos más de 102.000 internos, lo que representa un alarmante nivel de sobrepoblación. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el país necesita nuevas infraestructuras penitenciarias para atender esta demanda.
Boluarte reconoció que la construcción del penal en El Frontón no resolverá por completo el hacinamiento, pero afirmó que ya se están identificando nuevas zonas técnica y legalmente viables para edificar más centros penitenciarios.
“Estamos resolviendo un tema que hay que resolver en el país, porque nos preocupa e interesa trabajar en respuestas con la población sobre seguridad ciudadana”, enfatizó la presidenta.
Implicaciones de seguridad y memoria histórica
La iniciativa del Ejecutivo ha generado atención por tratarse de un sitio con profunda carga histórica y simbólica. El motín y posterior represión de Sendero Luminoso en 1986 ocurrieron mientras Lima era sede de una conferencia internacional de la Internacional Socialista, lo que provocó entonces una crisis política y cuestionamientos internacionales.
En la actualidad, organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca las discusiones sobre la memoria histórica, aunque el enfoque del gobierno se ha centrado en la urgencia de combatir la criminalidad desde el sistema penitenciario.
Compromiso del Gobierno con la seguridad
Boluarte finalizó su anuncio reiterando el compromiso de su administración con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.
“Seguiremos avanzando y afianzando nuestro compromiso firme para poder vencer a los delincuentes, a las bandas criminales, a las organizaciones criminales y abrazar la tranquilidad de nuestros más de 33 millones de compatriotas”, expresó.
El penal El Frontón se convertirá así en una pieza estratégica dentro de las políticas de seguridad y control penitenciario del país, con el objetivo de aislar a los líderes de organizaciones criminales y evitar que operen desde los centros de reclusión.
