La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha condenado este jueves al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022. El fallo, emitido por cuatro votos contra uno, marca un precedente histórico. Es la primera vez que un exjefe de Estado brasileño es condenado por este tipo de delitos.
Condena histórica tras tres días de deliberaciones
La decisión del Supremo llega tras tres días de votaciones. Durante estos, los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin votaron a favor de la condena. El único magistrado en disentir fue Luiz Fux, quien se pronunció por absolver a Bolsonaro y a varios de los acusados.
El tribunal determinó que Jair Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario y con tobillera electrónica, incurrió en delitos graves. Estos incluyen organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio público.
El expresidente fue hallado culpable de liderar un plan. Buscaba perpetuarse en el poder tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.
No fueron alborotadores, sino un plan coordinado
Durante su intervención, el juez Alexandre de Moraes descartó que los hechos del 8 de enero de 2023 fueran espontáneos o desorganizados. En su declaración sostuvo que los actos no representaron “un domingo en el parque, ni una visita a Disney”. Rechazó que se tratara de alborotadores descoordinados, argumentando que fue una operación organizada con intención de destruir el orden democrático.
Por su parte, el presidente del panel, Cristiano Zanin, afirmó que las pruebas recabadas son concluyentes. Los imputados pretendieron quebrantar el Estado de derecho, incitando deliberadamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas.
Los magistrados coincidieron en que el objetivo de Bolsonaro y su entorno era impedir la transición democrática tras los resultados de las elecciones. Esto constituyó una grave amenaza al sistema institucional del país, con la participación de Jair Bolsonaro.
Condenados otros siete implicados de alto rango
Además del expresidente, el Supremo también condenó a siete personas consideradas parte del núcleo central de la trama. Entre ellos se encuentran el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el exministro de Justicia Anderson Torres.
El tribunal sostuvo que estos exfuncionarios colaboraron activamente en la planificación y ejecución del plan. Buscaban anular los resultados electorales y mantener a Bolsonaro en el poder mediante el uso de la fuerza.
Los jueces valoraron su grado de implicación y el uso indebido de sus cargos públicos para promover una ruptura del orden democrático. Todos los acusados serán sentenciados en la siguiente fase del proceso judicial.
Fase de sentencia y consecuencias jurídicas
Tras la decisión de culpabilidad, los jueces iniciarán la fase de sentencia. Deberán determinar la duración de las penas para cada condenado. Esto dependerá de su participación directa o indirecta en los hechos. La legislación brasileña contempla penas superiores a los 20 años de prisión para los delitos imputados.
Además de enfrentar condenas penales, Jair Bolsonaro podría quedar inhabilitado políticamente de manera permanente. En 2023, el Tribunal Superior Electoral ya lo había inhabilitado por ocho años por desinformar sobre el sistema electoral. Esta nueva sentencia podría ampliar dicha sanción o convertirla en definitiva.
A nivel internacional, la condena representa un hecho sin precedentes en la región. Es la primera ocasión en la que un expresidente brasileño es condenado por tentativa de golpe de Estado. Esto refuerza el rol del Poder Judicial en la defensa del Estado de derecho en el caso de Jair Bolsonaro.
Contexto del 8 de enero de 2023
El 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro invadieron las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Los ataques provocaron daños considerables a la infraestructura pública, incluidos bienes patrimoniales y documentos oficiales.
La violencia se produjo días después de la investidura del presidente Lula da Silva, en un intento por desconocer los resultados electorales. Bolsonaro, aunque se encontraba fuera del país durante los hechos, ha sido señalado como uno de los instigadores del ambiente de desinformación y polarización que precedió al ataque.
Las investigaciones revelaron que existió una coordinación entre civiles y miembros del antiguo gobierno. Buscaban facilitar el acceso a los edificios y promover la narrativa de fraude electoral, lo que agravó su responsabilidad penal, especialmente respecto a Jair Bolsonaro.
