La Justicia de Perú ordenó al Congreso aprobar la pensión vitalicia del expresidente Pedro Castillo, actualmente procesado por golpe de Estado.
La decisión se da al considerar que se vulneró el principio de igualdad al negarle esta retribución y sí habérsela concedido al expresidente Alberto Fujimori.
El fallo de la Justicia a favor de Pedro Castillo
El Congreso negó el año pasado los recursos de amparo presentados por Castillo en base a que dicho derecho queda suspendido si el Parlamento hubiera formulado una acusación constitucional contra los potenciales beneficiarios del mismo, salvo que fueran declarados inocentes por sentencia judicial.
Castillo, que fue acusado en febrero de 2023 por liderar presuntamente una organización criminal en su caso por golpe de Estado, vio como meses después el Congreso concedió la pensión vitalicia a Fujimori, a pesar de haber sido ya condenado tiempo atrás por corrupción y delitos de lesa humanidad.
La Justicia peruana destacó además que el Congreso en ningún momento argumentó debidamente las causas para explicar esta disparidad a la hora de proceder.
La respuesta del Congreso
El Congreso anunció ya este jueves en X que recurrirá el fallo. Mientras tanto, el primer ministro peruano, Eduardo Arana, confirmó que, tal y como procede ante una decisión del Poder Judicial, “no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda a dar cumplimiento”, según diario El Comercio.
Pedro Castillo permanece en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, pese a múltiples habeas corpus rechazados por el Tribunal Constitucional. Ahora, deberá esperar la resolución definitiva sobre su pensión vitalicia.
Las acusaciones contra Pedro Castillo
Pedro Castillo, expresidente de Perú (2021-2022), enfrenta problemas judiciales derivados de su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Tras disolver el Congreso por decreto y reorganizar el sistema de justicia, lo detuvieron mientras intentaba refugiarse en la embajada de México. El Congreso lo vacó por “incapacidad moral permanente” y la Fiscalía lo acusa de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público. Solicitan 34 años de prisión.
Su juicio oral inició en marzo de 2025 ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Sin embargo, está marcado por protestas: rechaza el proceso como “persecución política”, se niega a declarar, intenta abandonar audiencias y desafía a jueces, incluso proponiendo “imponerle todos los delitos del Código Penal”.
Además, enfrenta investigaciones por corrupción: lavado de activos, organización criminal y tráfico de influencias en contratos públicos.
