La presidenta del Perú, Dina Boluarte, enfrenta una posible vacancia presidencial por “incapacidad moral”, tras la presentación de tres mociones distintas por parte de las bancadas de Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista. Estas mociones surgen en una coyuntura marcada por el incremento de la criminalidad y cuestionamientos a su liderazgo. Las mociones fueron ingresadas entre el 4 y el 8 de octubre de 2025. El Congreso deberá decidir en los próximos días si admite alguna de ellas a debate.
Escalada política en medio de inseguridad
El escenario político se tensó tras el ataque armado ocurrido durante un concierto del grupo Agua Marina en el distrito de Chorrillos. Durante el incidente resultaron heridas cinco personas, entre ellas cuatro músicos y un comerciante. Este hecho generó una ola de críticas sobre la falta de políticas efectivas en materia de seguridad ciudadana.
Los partidos impulsores de la vacancia acusan a la presidenta de incapacidad para enfrentar el avance del crimen organizado, así como de una gestión errática en temas de seguridad. Esto ocurre pese a reiterados anuncios de medidas por parte del Ejecutivo. Dina Boluarte es criticada mientras la situación se agrava con la percepción de inestabilidad institucional. Perú ha vivido seis presidentes en los últimos siete años.
El congresista José Cueto, de Renovación Popular, declaró que “la inacción del Gobierno frente al crimen ya no puede ser tolerada”. Además, señaló que su bancada cuenta con más de 30 firmas para respaldar la moción presentada.
Camino legal y escenario congresal
Según el reglamento del Congreso del Perú, una moción de vacancia por incapacidad moral debe contar inicialmente con el respaldo de al menos 26 firmas. Una vez admitida a debate, se requieren 87 votos para aprobar la destitución presidencial.
Hasta el momento, voceros de otras bancadas como Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre han manifestado posturas divididas sobre el futuro de Dina Boluarte. Esta división podría inclinar el resultado según las negociaciones políticas en curso. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, señaló que las mociones serán evaluadas por el Consejo Directivo. Esta evaluación será en la sesión del 11 de octubre.
La presidencia, por su parte, ha rechazado las acusaciones. Indicó que se trata de un intento de “desestabilizar al país”. Esto sucede en un momento en que se requieren consensos frente a los desafíos en seguridad y economía.
Contexto y repercusiones
Dina Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022. Lo hizo tras la destitución de Pedro Castillo. Desde entonces, su gobierno ha enfrentado protestas sociales, crisis económicas regionales y ahora un repunte de la violencia urbana. Diversos analistas indican que, aunque la figura de “incapacidad moral” es ambigua, ha sido utilizada frecuentemente en la última década como mecanismo de presión política.
En caso de que se apruebe la vacancia, el presidente del Congreso asumiría la presidencia interina. Se convocarían nuevas elecciones generales, según la Constitución Política del Perú.
Organismos como la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han llamado a que el proceso se conduzca con respeto al debido proceso. Todo esto debe estar dentro del marco democrático, que es algo que Dina Boluarte ha enfatizado constantemente.
Escenario político en transición
El Perú se encuentra actualmente en la antesala de un proceso electoral previsto para julio de 2026. Por lo tanto, un eventual cambio de poder anticipado podría modificar el calendario político y la distribución del poder en el Congreso.
Mientras tanto, sectores empresariales y sociales han expresado preocupación por el clima de incertidumbre. Advierten que una eventual vacancia presidencial podría tener efectos negativos en la inversión privada. Esto ocurre en medio de una desaceleración económica que afecta principalmente a las regiones del sur del país.
El Congreso tiene hasta el 15 de octubre para debatir la admisión de las mociones. Luego de esto, se fijará una fecha para que la presidenta, Dina Boluarte, presente sus descargos. Esto puede ser de forma presencial o por escrito, según lo establece el reglamento parlamentario.
