El parque marino Marineland, ubicado en las Cataratas del Niágara, Canadá, emitió un ultimátum al gobierno federal, advirtiendo que procederá a la eutanasia de 30 ballenas beluga si las autoridades no autorizan su “reubicación humanitaria” a China o proporcionan fondos de emergencia para su cuidado. Este grave anuncio, reportado por medios internacionales, se dio a conocer mediante una carta dirigida a la ministra de Pesca canadiense, Joanne Thompson. Tenía un plazo límite para una respuesta oficial que venció el martes 7 de octubre, sin que hasta la tarde del miércoles hubiera una actualización oficial sobre el estado de los cetáceos.
El parque detalló en su misiva, a la que tuvieron acceso medios como The Sun y Express, que se encuentra en un “crítico estado financiero”. De no recibir una respuesta positiva en la fecha indicada, asumiría que “las respuestas a nuestras consultas son negativas”. La gerencia de Marineland sostiene que cualquier “retraso adicional pone en peligro el bienestar y la seguridad de las ballenas” y teme que “se nos está acabando el tiempo para actuar” ante la “gravedad de la crisis de financiación”.
La empresa ha manifestado formalmente su deseo de transportar las 30 belugas a Chimelong Ocean Kingdom en China, un destino que consideran una “reubicación humanitaria a una instalación acreditada” y la “única opción viable” para los mamíferos marinos ante la situación actual. La controversia ha desatado una ola de críticas por parte de los defensores de la vida silvestre, quienes condenan la amenaza de Marineland de recurrir a la muerte de los animales y, en cambio, instan al gobierno canadiense a “intervenir de inmediato y brindar atención” a los cetáceos.
Conflictos legales y prohibición de transferencias
La situación se agrava debido a que la ministra Thompson ya había denegado previamente la solicitud de la empresa de obtener los permisos de exportación necesarios para la transferencia de los animales, basándose en motivos legales. Esta negativa se sustenta en las leyes de pesca canadienses, las cuales fueron actualizadas en 2019 e incluyen disposiciones que prohíben tanto el uso de ballenas y delfines con fines recreativos como dichas transferencias a instalaciones extranjeras.
La ministra Thompson ha sido explícita en su posición, declarando previamente a los medios de comunicación que “todas las ballenas pertenecen al océano, no a tanques con fines de entretenimiento”. Sin embargo, Marineland ha rebatido esta postura argumentando que, en la práctica, no existe un “santuario” oceánico adecuado y debidamente certificado para trasladar y albergar a los animales de forma segura en las condiciones actuales.
La frustración ante la negativa de las autoridades federales ha encontrado eco en otros niveles de gobierno. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, manifestó su malestar públicamente, indicando que, desde su perspectiva, si el objetivo es la supervivencia de las belugas, es necesario “trasladarlas a algún lugar”, respaldando la necesidad de encontrar una solución práctica ante la imposibilidad legal de mantenerlas en la actual instalación.
Historial de denuncias y reacciones
El contexto del ultimátum se enmarca en un historial de críticas y cuestionamientos al parque Marineland por el trato proporcionado a los animales. La instalación cerró sus puertas al público el año pasado y ha enfrentado escrutinio por las condiciones de sus instalaciones y el bienestar de las especies bajo su cuidado.
Los informes de mortalidad son particularmente preocupantes para los defensores de los derechos de los animales: se ha reportado que, desde el año 2019, han muerto 20 ballenas en las instalaciones del parque, una cifra que incluye una orca y 19 belugas. Este historial alimenta el escepticismo de las organizaciones civiles respecto a la capacidad del parque para seguir proporcionando un cuidado adecuado sin el financiamiento necesario.
La controversia, que ha sido posicionada por frases que favorecen el posicionamiento en buscadores como “crisis de ballenas en Canadá” y “futuro de las belugas de Marineland”, obliga al gobierno de Canadá a balancear la legislación de protección animal vigente desde 2019 con las implicaciones éticas de un posible desenlace fatal para los 30 cetáceos si no se logra un consenso administrativo y legal en el corto plazo.
