El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de “matanza” y de acción “desastrosa” la operación policial que resultó en la muerte de más de 130 personas en dos favelas de Río de Janeiro a comienzos de noviembre de 2025. Esto motivó un choque directo con el gobernador regional, Cláudio Castro. El gobernador defendió el “uso de la fuerza proporcional” por parte de los agentes.
El presidente Lula da Silva expresó su fuerte crítica a la reciente acción policial en Río de Janeiro durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros este 4 de noviembre. El mandatario fue enfático al señalar el exceso. Aunque la operación se realizó en cumplimiento de órdenes judiciales para la captura de integrantes de la organización criminal Comando Vermelho, el resultado excedió el objetivo legal.
“No había una orden de matanza y hubo matanza“, declaró Lula, subrayando que la acción del Estado de Río de Janeiro fue “desastrosa”. Las víctimas se registraron en dos favelas de la ciudad controladas por dicha facción, una de las más poderosas del país. El presidente lamentó, además, que un número significativo de víctimas hayan sido “enterradas sin que hubiera una pericia” adecuada. Este hecho está siendo investigado por organismos federales competentes.
El Gobierno Federal, a través de sus organismos, está analizando la forma en que se desarrolló esta operación, llevada a cabo por el gobierno regional fluminense en el marco de sus competencias constitucionales. El presidente Lula da Silva mencionó los esfuerzos de su Gobierno para fortalecer el combate al crimen organizado tanto a nivel nacional como en el ámbito sudamericano. Esta operación policial ha concentrado la atención internacional debido al alto número de muertes.
La defensa del Gobierno regional
En contraste con las declaraciones de la Presidencia, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, presentó su defensa ante la Corte Suprema de Brasil el lunes 3 de noviembre. Castro aseguró que la actuación de los agentes fue legal. Esto tenía por objeto la ejecución de 51 órdenes de prisión, decretadas por un juez contra miembros del Comando Vermelho.
El gobernador insistió en que los agentes ejercieron un “uso de la fuerza proporcional” durante el operativo. Defendió que “las fuerzas policiales tuvieron que emplear una fuerza compatible con la reacción de los criminales”. El gobernador Cláudio Castro también afirmó, en el documento dirigido al máximo tribunal, que todos los fallecidos pertenecían a la mencionada organización criminal. Cabe destacar que la cifra oficial de muertos proporcionada por el gobernador es de 121 personas. En contraste, el presidente Lula mencionó más de 130, reflejando la falta de consenso sobre el balance final de víctimas.
Implicaciones políticas y legales
La disputa pública entre el presidente Lula y el gobernador Castro resalta las profundas divisiones sobre las estrategias de seguridad pública. También el abordaje de la violencia en las favelas de Brasil. Mientras la investigación federal avanza, el debate se centra en la proporcionalidad del uso de la fuerza policial en operaciones de alta complejidad contra el narcotráfico y el crimen organizado en Río de Janeiro.
