El Tribunal Provincial de Villa Clara, en Cuba, condenó el lunes 20 de octubre de 2025 a seis ciudadanos por participar en una protesta con cacerolas frente a la sede del Gobierno municipal de Manicaragua, donde exigían el restablecimiento del servicio eléctrico interrumpido por constantes apagones. Las penas, de cinco y seis años de cárcel, fueron dictadas por delitos considerados “vinculados con la seguridad del Estado”.
Condenas por protestar contra los apagones
De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la sentencia C-7-25 incluye cargos de “propaganda contra el orden constitucional” y “desórdenes públicos”. El tribunal impuso seis años de prisión a José Águila Ruiz, Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez. Además, les añadió sanciones accesorias y restricciones de movilidad dentro del país.
Por su parte, Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López, de solo 18 años, y Yoan Pérez Gómez, recibieron cinco años de cárcel por el mismo delito de “desórdenes públicos”, junto con la privación de derechos políticos y la prohibición de salida de Cuba.
El OCDH calificó la sentencia como “un fraude judicial”, con el objetivo de “criminalizar la protesta cívica”. En un comunicado, el organismo afirmó que “estas condenas se dictan en un contexto de recrudecimiento de la represión, donde el régimen cubano responde con cárcel a los reclamos sociales”.
La noche de la protesta en Manicaragua
La protesta ocurrió el 20 de octubre de 2024, cuando más de 100 personas se congregaron frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua. El grupo, harto de los apagones, exigía la restitución del servicio eléctrico con gritos de “¡Queremos corriente!”, mientras golpeaban cacerolas y objetos metálicos para hacerse oír.
Según el fallo judicial, la manifestación “interrumpió la circulación vial y afectó la tranquilidad ciudadana”. Sin embargo, para los observadores independientes, fue un acto de expresión pacífica ante el colapso del sistema eléctrico en la isla.
En Cuba hay apagones y cárcel para el que protesta
Cuba vive una crisis energética prolongada que afecta a todo el país. Los apagones diarios, que pueden extenderse hasta 12 horas, han generado protestas espontáneas en varias provincias. La respuesta del Gobierno ha sido endurecer el control y judicializar las manifestaciones bajo figuras penales relacionadas con la seguridad del Estado.
Desde 2021, tras las históricas marchas del 11 de julio, el régimen ha condenado a más de 1.200 personas por protestar, según datos del OCDH. En la mayoría de los casos, los tribunales argumentan que los actos alteran el orden público o incitan a la desobediencia.
