Miles de personas salieron a las calles este viernes en Río de Janeiro para protestar contra el operativo policial del martes 28 de octubre. Este operativo dejó más de 120 fallecidos, incluidos cuatro agentes, durante una intervención en las favelas de Penha y Alemao. El hecho, considerado el más letal en la historia reciente de Brasil, ha desatado una ola de indignación nacional. También ha provocado llamados internacionales a una reforma profunda de las fuerzas de seguridad.
Protestas en las calles de Río de Janeiro
La movilización ciudadana comenzó en un campo de fútbol de Penha. Allí se reunieron familiares de las víctimas, residentes de los barrios afectados y defensores de derechos humanos. Entre las pancartas, se leyeron consignas contra el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. Además, hubo mensajes exigiendo justicia por los fallecidos.
“Siento el dolor de estas madres. Fue un shock tremendo ver que un joven fue asesinado en el mismo lugar donde murió mi hijo”, relató una madre durante la protesta. Estas declaraciones fueron recogidas por Agencia Brasil.
A la manifestación también se unieron familiares de víctimas de anteriores operativos policiales. Fue una muestra de rechazo a la violencia recurrente en los barrios periféricos. Los asistentes denunciaron el uso excesivo de la fuerza. También criticaron la falta de transparencia en las investigaciones sobre las muertes ocurridas.
El operativo más violento de la última década
El operativo policial, llevado a cabo el martes 28 de octubre, tenía como objetivo desmantelar una estructura del grupo criminal Comando Vermelho, considerado el más poderoso de Brasil. En total, participaron 2.500 agentes en un despliegue conjunto entre la Policía Militar, la Policía Civil y el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE).
De acuerdo con el balance preliminar, al menos 121 personas murieron. Entre ellas se encuentran cuatro policías y más de 115 civiles. En los días posteriores, habitantes de Penha hallaron decenas de cadáveres en zonas boscosas cercanas. Estos fueron trasladados a la Plaza São Lucas para su identificación.
La magnitud del operativo lo convierte en el más letal de la historia de Río de Janeiro. Ha superado las intervenciones de Jacarezinho (2021) y Complexo do Alemão (2022), las cuales ya habían generado fuertes críticas por el número de víctimas civiles.
Reacciones nacionales e internacionales
La indignación pública creció rápidamente. Raimunda de Jesús, líder sindical y residente de la zona, declaró durante la manifestación:
“Nosotros, que vivimos en las periferias, sufrimos discriminación. Pero el Estado no puede vernos como enemigos. Debe proteger y cuidar a su pueblo.”
Ante la gravedad del caso, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, convocó al gobernador Claudio Castro a una audiencia el lunes 3 de noviembre. En dicha audiencia deberá explicar el nivel de fuerza empleada, la cantidad de agentes movilizados y el balance oficial de víctimas.
Paralelamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación. También pidió una “reforma integral y eficaz” de los métodos policiales en Brasil. El alto comisionado Volker Türk afirmó que el país “necesita poner fin al ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública se ajusten a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.
Antecedentes de violencia policial en Río de Janeiro
Las operaciones policiales en favelas son frecuentes en Río de Janeiro y suelen estar dirigidas contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y armas. Sin embargo, diversos organismos nacionales e internacionales han denunciado patrones sistemáticos de abuso, ejecuciones extrajudiciales y falta de rendición de cuentas.
Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro (ISP), en los primeros diez meses de 2025 se registraron más de 1.100 muertes por intervención policial en el estado. Las cifras sitúan a Río como una de las regiones con mayor letalidad policial del mundo.
En 2021, el Tribunal Supremo Federal de Brasil limitó temporalmente las operaciones policiales en las favelas durante la pandemia. Esta decisión fue consecuencia de un operativo en Jacarezinho que dejó 28 muertos. No obstante, la medida fue flexibilizada. Desde entonces, los enfrentamientos se han intensificado.
Demandas de justicia y revisión institucional
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional Brasil y la Red de Observatorios de Seguridad, exigieron una investigación independiente e imparcial sobre los hechos de Penha y Alemao. También pidieron que se identifiquen las responsabilidades políticas y operativas del operativo.
Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan reclamando apoyo estatal y la creación de un mecanismo de reparación. “Queremos justicia y respeto. No puede normalizarse que tantos jóvenes mueran en nuestras comunidades”, expresó una representante de madres afectadas.
El Gobierno federal, por su parte, ha mantenido una posición prudente. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública señaló que esperará los resultados de la investigación antes de pronunciarse oficialmente.
