El Congreso de la República del Perú recibió este lunes 10 de noviembre una propuesta legislativa presentada por el partido Somos Perú. Esta es la agrupación del actual presidente José Jerí. La propuesta busca imponer penas de ocho a diez años de cárcel a las personas que se cubran el rostro durante manifestaciones. La iniciativa surge tres días antes de las protestas convocadas por la Generación Z. Forma parte de un conjunto de medidas orientadas a reforzar la seguridad pública en el país.
Propuesta legislativa y justificación
El texto fue presentado por la congresista Elizabeth Medina. Ella argumentó que ocultar el rostro en protestas dificulta la identificación de responsables de actos delictivos y favorece la impunidad. Según el documento, recogido por el diario La República, “es necesario facilitar y lograr la identificación de quienes infringen los derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica”.
La propuesta contempla penas alternativas, que van desde la prestación de servicios comunitarios hasta multas equivalentes a 90 días de ingresos. Esto depende de la gravedad del caso. El texto busca incorporar estas sanciones dentro del Código Penal peruano. Se enfoca específicamente en los artículos relacionados con el orden público y las reuniones ciudadanas.
Esta iniciativa se suma a otra presentada a fines de octubre por el también congresista de Somos Perú Héctor Valer. Esta propone penas de seis a diez años de prisión para quienes utilicen pirotécnicos o explosivos contra agentes de Policía o civiles durante movilizaciones sociales.
Contexto político y de seguridad
Los proyectos llegan en un momento de alta tensión política en Perú, marcado por el debate sobre seguridad ciudadana y el control de las protestas. El presidente José Jerí decretó el 22 de octubre un estado de emergencia nacional. Esta medida restringe derechos constitucionales como la libertad de reunión, la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio.
El Gobierno reforzó estas disposiciones el sábado pasado, autorizando el uso de drones y cámaras equipadas con tecnología de reconocimiento facial para monitorear concentraciones públicas. Estas acciones buscan, según el Ejecutivo, prevenir actos de violencia y proteger a la ciudadanía, en un contexto de creciente conflictividad social.
Diversos gremios de transporte han realizado paros y bloqueos en distintas regiones del país para exigir acciones concretas contra la delincuencia y las extorsiones. La Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) confirmó una nueva movilización este viernes, en coordinación con otras organizaciones sociales.
Próximas protestas y reacción social
El clima político se complica ante las protestas convocadas por la Generación Z, que buscan denunciar lo que consideran excesos policiales durante recientes manifestaciones. Estas marchas se organizan tras el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, un joven fallecido por el disparo de un agente policial vestido de civil, identificado como Luis Magallanes.
El crimen ocurrió durante la primera gran manifestación enfrentada por Jerí apenas cinco días después de asumir la Presidencia, tras la destitución de Dina Boluarte. La muerte de Ruiz Sanz desató una ola de indignación entre colectivos juveniles y defensores de derechos humanos. Acusan al Gobierno de criminalizar la protesta.
En ese contexto, la nueva propuesta legislativa genera debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertad de expresión. Hasta el momento, el Congreso no ha definido fecha para la votación del proyecto. Será evaluado por las comisiones de Justicia y Orden Interno antes de pasar al pleno.
Análisis de impacto y próximos pasos legislativos
De aprobarse, las reformas penales podrían modificar sustancialmente el marco legal de las manifestaciones en Perú. Establecerían sanciones más severas contra quienes oculten su identidad o empleen objetos peligrosos durante protestas. El Ministerio del Interior deberá definir los criterios técnicos. Implementará estos criterios para la aplicación de estas penas y los mecanismos de verificación durante las movilizaciones.
Organizaciones civiles han pedido al Congreso evaluar cuidadosamente la proporcionalidad de las sanciones. Mientras tanto, especialistas en derecho penal advierten sobre la posible colisión con derechos constitucionales, como el de reunión pacífica. Sin embargo, el Gobierno sostiene que las medidas son necesarias. Esto se justifica para prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad pública.
