La ONG Human Rights Watch, en conjunto con la organización Cristosal, publicó este miércoles el informe titulado “Llegaron al infierno: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”. El documento detalla casos de tortura, violencia sexual, desapariciones forzosas y otros abusos graves sufridos por los venezolanos deportados desde Estados Unidos.
El informe sostiene que las violaciones no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático en el trato a los migrantes detenidos. HRW advirtió que los detenidos fueron trasladados al CECOT, una de las prisiones de máxima seguridad más grandes del continente, a pesar de las denuncias previas sobre condiciones inhumanas.
Según el reporte, las autoridades salvadoreñas golpearon y aislaron a los venezolanos tras ser deportados, e incluso algunos fueron atacados después de visitas de inspección del Comité Internacional de la Cruz Roja.
EE. UU. habría financiado la detención de los venezolanos deportados
De acuerdo con documentos obtenidos por HRW, el Gobierno de Estados Unidos entregó al menos 4,7 millones de dólares a El Salvador para financiar los gastos de detención de las personas deportadas. Parte de los fondos habrían sido utilizados para mantener a los migrantes en instalaciones del sistema penitenciario salvadoreño.
El informe subraya que la mitad de los 252 venezolanos deportados no tenían antecedentes penales, y apenas el 3 % había sido condenado por delitos violentos en territorio estadounidense. Asimismo, 62 personas fueron expulsadas mientras tramitaban solicitudes de asilo, pese a haber superado evaluaciones iniciales que les otorgaban derecho a audiencias ante jueces de inmigración.
Para HRW, estas acciones violan las leyes internacionales sobre refugio y no devolución, que prohíben trasladar personas a países donde podrían sufrir tortura o persecución.
Acusaciones de complicidad y respuesta internacional
La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, acusó a la Administración del presidente Donald Trump de “complicidad en tortura y desaparición forzosa” por autorizar y financiar las deportaciones. “La Administración Trump pagó millones de dólares a El Salvador para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron golpeados brutalmente”, afirmó.
Por su parte, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, comparó los hechos con los abusos cometidos en Abu Ghraib y otras prisiones secretas durante la “guerra contra el terrorismo”. Según Bullock, estas acciones “van en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho”.
Tanto Estados Unidos como El Salvador han evitado proporcionar información sobre el paradero de los deportados, lo que, de acuerdo con HRW, constituye desaparición forzosa bajo el Derecho Internacional.
Contexto y antecedentes
El CECOT, inaugurado en 2023 por el presidente Nayib Bukele, ha recibido críticas internacionales por las condiciones de detención y por la falta de acceso a observadores independientes. El Gobierno salvadoreño sostiene que el centro es una pieza clave en su política de seguridad contra pandillas, pero organismos internacionales lo acusan de violar garantías básicas de los reclusos.
La denuncia de HRW se suma a otros informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los presos en El Salvador. Ambos organismos han solicitado al país centroamericano permitir visitas de verificación y garantizar acceso humanitario.
Mientras tanto, familiares y abogados de los migrantes continúan sin recibir información sobre su estado o ubicación. Las organizaciones defensoras han exigido a Washington y San Salvador suspender las deportaciones y abrir investigaciones independientes sobre los hechos denunciados.
