La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, confirmó este sábado 15 de noviembre la muerte de seis menores de edad en el operativo militar ejecutado esta semana contra las disidencias de las FARC lideradas por ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, donde se registraron 19 fallecidos.
El hecho provocó una ola de críticas hacia las autoridades, especialmente por el riesgo inherente de realizar bombardeos en zonas donde suele operar el reclutamiento forzado de menores, una práctica persistente en esta región del país.
Ministerio de Defensa defiende la legitimidad del operativo
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió el viernes 14 de noviembre que había menores entre los fallecidos, pero defendió la operación, asegurando que fue “totalmente legítima”. Señaló que existía una “amenaza inminente” contra un grupo de veinte soldados que justificaba la acción militar.
Sánchez recordó que el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra, por lo que quienes participan en hostilidades pierden sus protecciones, aunque subrayó que las órdenes de bombardear son siempre la “última opción”.
La Defensoría cuestiona el uso de bombardeos
En su comunicado oficial, la Defensoría confirmó “el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar”. La entidad calificó el hecho como “profundamente lamentable” y recordó los límites estrictos del Derecho Internacional Humanitario.
El organismo afirmó que la mera presencia de menores en campamentos de grupos armados no habilita automáticamente un ataque, incluso si estos han perdido su estatus de civiles por desempeñar funciones continuas de combate.
Responsabilidad primaria recae en las disidencias
Pese a sus críticas, la Defensoría atribuyó la responsabilidad principal a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, responsables del reclutamiento forzado. La institución denunció que esta práctica sigue afectando gravemente a comunidades vulnerables del país.
La muerte de los menores reavivó el debate nacional sobre los protocolos militares utilizados en zonas donde operan grupos ilegales con presencia documentada de niños y adolescentes reclutados.
Debate nacional sobre protocolos militares
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación antes de autorizar bombardeos. Especialmente en áreas con antecedentes de reclutamiento infantil. El caso se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las acciones militares.
El Ministerio de Defensa, por su parte, argumentó que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ han aumentado sus ataques, la extorsión y el reclutamiento. Lo que exige respuestas operativas contundentes para proteger a la fuerza pública y a la población civil.
“La guerra en su despliegue doloroso e inhumano”
La Defensoría del Pueblo calificó lo ocurrido como un reflejo de “la guerra en su despliegue doloroso e inhumano”. Esto afecta principalmente a los más vulnerables. Aseguró que la operación “ilustra el lugar degradado de los principios de humanidad, dignidad, necesidad y proporcionalidad” en el conflicto colombiano.
El organismo reiteró que su misión no es legitimar acciones de guerra, sino rechazar la violencia. Además, apoyar a las víctimas y promover escenarios que permitan avanzar hacia la construcción de paz en las regiones afectadas.
